La reciente declaración del presidente estadounidense Donald Trump sobre la posibilidad de retirar a Boston la organización de varios partidos de la Copa del Mundo 2026 ha encendido una nueva polémica, aunque carece de fundamento legal. La iniciativa, que él presentó como una medida preventiva ante supuestas “zonas fuera de control” en la ciudad, no depende de la autoridad presidencial, sino de los contratos firmados entre la FIFA y los estadios anfitriones desde 2022.
El escenario que plantea Trump tiene, sin embargo, un impacto simbólico y político. Al criticar a la alcaldesa Michelle Wu, calificándola de “radical de izquierda” pese a reconocer su inteligencia, el presidente mezcla la política local con un torneo internacional, generando incertidumbre mediática que podría afectar la percepción pública sobre la seguridad y organización del evento. Los partidos en Foxborough, a unos cincuenta kilómetros de Boston, se mantienen en pie según los acuerdos, pero las declaraciones subrayan cómo figuras políticas pueden intentar influir sobre procesos regulados internacionalmente.
Más allá de la formalidad de los contratos, esta situación evidencia la tensión entre la política interna estadounidense y los mecanismos de gobernanza global en el deporte. La FIFA, como organismo regulador, mantiene la autoridad exclusiva sobre las ciudades anfitrionas, pero la presión política y mediática puede crear obstáculos logísticos o presiones de seguridad innecesarias. La amenaza de Trump, aunque irrealizable en términos prácticos, funciona como un recordatorio del poder del discurso presidencial para afectar la imagen de instituciones y ciudades frente a un público global.
Por tanto, el episodio revela una paradoja: la coexistencia de eventos de alcance mundial con dinámicas locales altamente politizadas. Boston se enfrenta al desafío de proyectar seguridad y estabilidad, mientras que Estados Unidos debe equilibrar intereses internos y compromisos internacionales. En este sentido, la Copa del Mundo 2026 no es solo un torneo deportivo, sino un escenario donde se cruzan política, percepción pública y diplomacia cultural. La clave para mantener la integridad del evento será la firme aplicación de las normas internacionales de la FIFA, acompañada de una gestión local que minimice la exposición a controversias políticas externas.
Más allá del ruido mediático, los partidos de Boston permanecen asegurados contractual y legalmente, pero la situación ofrece una lección sobre cómo la política interna puede influir en la percepción global de eventos internacionales, subrayando la necesidad de separar las competencias legales de los debates políticos.
15/10/2025
