La Corte Penal Internacional (CPI) ha prometido continuar su trabajo judicial a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden para imponer sanciones a su personal. La CPI afirmó que estas sanciones buscan dañar su labor «independiente e imparcial».
Trump acusó a la CPI de llevar a cabo «acciones ilegítimas e infundadas» después de que la corte emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra en Gaza, y contra un comandante de Hamas e Israel, aunque por parte de este país se niegan todad acusaciones.
La CPI es un tribunal global con autoridad para investigar y procesar genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Aunque Estados Unidos e Israel no son miembros, más de 120 países sí lo son, incluidos el Reino Unido y varias naciones europeas. La corte condenó las sanciones estadounidenses y reiteró su compromiso de brindar justicia a las víctimas de atrocidades en todo el mundo. En los últimos años, la CPI también ha emitido órdenes de arresto contra figuras como el presidente ruso, Vladimir Putin, y líderes talibanes.
Las sanciones de Trump, firmadas durante la visita de Netanyahu a Washington, imponen restricciones financieras y de visado a quienes cooperen con las investigaciones de la CPI contra ciudadanos estadounidenses o aliados. La corte sostiene que hay «motivos razonables» para creer que Netanyahu, su exministro de Defensa y el comandante de Hamas tienen responsabilidad penal por presuntos crímenes de guerra.
Los Países Bajos, como sede de la CPI, expresó su preocupación por las sanciones, destacando la importancia del trabajo de la corte contra la impunidad. Posicion contraria a la de Estados Unidos, que ha criticado repetidamente a la CPI, acusándola de socavar la soberanía nacional y el derecho de Israel a la autodefensa.
Un exfuncionario de la CPI advirtió a la BBC que las sanciones podrían afectar gravemente las operaciones de la corte, incluyendo la congelación de activos y la prohibición de entrada a Estados Unidos para sus funcionarios y sus familias. En 2020, Trump ya había impuesto sanciones similares, que fueron levantadas por la administración de Joe Biden.
En respuesta a los intentos de desafiar la autoridad de la CPI, nueve países, incluidos Sudáfrica y Malasia, formaron el «Grupo de La Haya» para defender la corte y sus decisiones. Mientras tanto, la orden ejecutiva de Trump insiste en que tanto Estados Unidos como Israel son democracias que respetan las leyes de la guerra, y critica a la CPI por crear una «equivalencia moral» entre Israel y Hamas.
El conflicto entre la CPI y Estados Unidos refleja tensiones más amplias sobre la jurisdicción internacional y la soberanía nacional. Cabe destacar que a pesar de que la CPI ha enfrentado críticas y desafíos, sigue siendo un actor clave en la lucha global contra la impunidad, especialmente en casos de crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos en todo el mundo.
7/2/2025
