Brasil, -según fuentes de este diario a través de AgênciaBrasil- que afrontan un aumento sin precedentes de incêndios florestales, ha iniciado 85 investigaciones para determinar las causas y responsabilidades detrás de casi 200 mil focos de incendio registrados desde el inicio del año. Estas investigaciones revelan indicios de crímenes ambientales, atribuidos en parte a la práctica de grilagem, un proceso de apropiación ilegal de tierras públicas, a menudo seguido por el desmonte y la quema para reclamar la propiedad de la tierra.
El manejo inadecuado del fuego, especialmente durante períodos de prohibición, ha llevado a la Policía Federal a considerar estos actos como delitos, que pueden variar desde acciones sin intención de causar daño hasta incendios intencionales vinculados a actividades criminales como formación de bandas, lavado de dinero y corrupción. Estos delitos no solo causan pérdidas económicas y ecológicas significativas, sino que también afectan directamente a la biodiversidad y la regulación hidrológica de los biomas, especialmente en el Cerrado y la Amazonía.
La situación es agravada por tácticas de represalia de aquellos cuyos intereses se ven afectados por las políticas de conservación y regulación ambiental. Por ejemplo, la destrucción de equipos ilegales en la Amazonía ha resultado en amenazas de provocar más incendios como forma de protesta contra las medidas de control ambiental del gobierno.
Frente a estos desafíos, las autoridades están enfocadas en endurecer las medidas de fiscalización y en asegurar que los daños ecológicos sean compensados económicamente. La evaluación de los servicios ecosistémicos perdidos y su valor monetario se está incorporando en las investigaciones, buscando no solo sancionar a los responsables, sino también mitigar el impacto ambiental a través de compensaciones adecuadas.
21/9/2024
