Abdeslam Bouchouareb, exministro de Industria de Argelia, enfrenta la posibilidad de ser extraditado a su país, donde ha sido condenado en ausencia a 100 años de prisión por corrupción. La justicia francesa deberá decidir el 9 de octubre si accede a la solicitud de extradición por parte de Argelia, que busca juzgar a Bouchouareb por presuntos delitos cometidos durante el gobierno de Abdelaziz Bouteflika.
La defensa de Bouchouareb argumenta que las acusaciones en su contra son parte de una campaña de persecución política contra antiguos colaboradores del expresidente, desestimando la validez de los procesos judiciales en Argelia. Según su abogado, los juicios se llevaron a cabo sin respetar los estándares internacionales de justicia, violando el derecho a un juicio justo, tal como han denunciado organizaciones internacionales. Además, la defensa cuestiona la legalidad de las condenas, al considerar que las penas impuestas superan las establecidas en la legislación argelina para los delitos atribuidos a Bouchouareb.
La justicia francesa ha expresado sus dudas sobre la legalidad de las condenas y ha pedido aclaraciones a las autoridades argelinas sobre los procesos judiciales. Entre las preocupaciones de la corte se encuentra la disparidad entre las penas impuestas y las establecidas en el código penal argelino para los mismos delitos. Asimismo, se ha solicitado la garantía de que no se aplicará la pena de muerte, en caso de que sea aplicable en Argelia.
El caso de Bouchouareb pone de manifiesto la compleja relación entre Francia y Argelia, en un contexto de tensiones políticas y denuncias de violaciones a los derechos humanos. La decisión de la justicia francesa sobre la extradición será crucial, no solo para el futuro de Bouchouareb, sino también para el debate sobre la cooperación judicial entre ambos países en un contexto de cuestionamientos sobre el estado de derecho en Argelia.
21/09/2024
