El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, a través de la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional (DGAHSAPI), ha decidido incrementar en 18 millones de euros el presupuesto destinado a la protección internacional. Esta ampliación, que se extiende desde septiembre hasta diciembre de 2024, responde al aumento en las solicitudes de protección internacional y a la extensión de la protección temporal para los refugiados ucranianos. Esta decisión está en línea con las políticas del Ministerio dirigidas a fomentar la convivencia, cohesión e integración plena de los refugiados.

La medida financiera surge en un contexto de creciente presión sobre el sistema de protección debido al incremento de solicitudes y la prolongación de conflictos, como el de Ucrania, que ha llevado a la Unión Europea a extender la protección temporal más allá de los tres años previstos inicialmente. Actualmente, la DGAHSAPI atiende a más de 34,000 personas, con alrededor de 10,000 provenientes de Ucrania, lo que refleja la necesidad urgente de reforzar las capacidades del sistema para mantener la atención a todas las personas beneficiarias de la fase de autonomía.
El sistema de acogida se estructura en tres fases críticas: valoración inicial y derivación, acogida y autonomía. Cada fase está diseñada para abordar las necesidades específicas de los solicitantes, desde la evaluación inicial y la asignación de recursos hasta el apoyo para desarrollar habilidades que permitan una vida independiente. La fase de autonomía, en particular, se enfoca en la adquisición de independencia por parte de los beneficiarios, asegurando que continúen recibiendo el apoyo necesario para integrarse plenamente en la sociedad.
Durante la fase de autonomía, se realizan diversas intervenciones para promover la independencia de los beneficiarios. Estas incluyen la asignación de ayudas económicas para necesidades básicas, el apoyo continuo mediante servicios sociales, psicológicos, jurídicos y culturales, y la facilitación de enseñanza del idioma y el acceso a programas de empleabilidad y formación. Además, se contemplan servicios de traducción e interpretación y otras actuaciones necesarias para facilitar la integración completa.
Este esfuerzo financiero y organizativo subraya el compromiso de España con la protección y la integración de refugiados e inmigrantes, asegurando que se mantengan y se fortalezcan los principios de cohesión social y solidaridad en tiempos de creciente desafío humanitario. Con estas medidas, el gobierno español busca no solo atender las necesidades inmediatas de los afectados, sino también prepararlos para una integración exitosa y sostenible en la sociedad.
22/8/2024