El 17 de agosto de 2024, España, junto con Estados Unidos y otros países, firmó una declaración conjunta que exige al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela que libere a los prisioneros detenidos en el contexto de las recientes protestas electorales, y que publique de inmediato las actas electorales, publica la agencia Infobae. Este llamamiento internacional, emitido desde Santo Domingo de Guzmán, refleja una creciente preocupación por la legitimidad y transparencia del proceso electoral en Venezuela.
En la declaración, los países firmantes, que incluyen a Argentina, Canadá, Chile, y varios miembros europeos como Italia, Países Bajos y el Reino Unido, subrayan la importancia de respetar los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales. Este movimiento diplomático surge en un momento en que la tensión política en Venezuela ha alcanzado niveles críticos, exacerbados por las acusaciones de detenciones arbitrarias y violencia postelectoral que han resultado en múltiples víctimas.
Además de instar a la liberación de los detenidos, incluidos prominentes líderes de la oposición, la coalición de naciones ha destacado la necesidad de una verificación imparcial e independiente de los resultados electorales. El informe preliminar de un Panel de Expertos de las Naciones Unidas ha puesto en duda la veracidad de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela el 2 de agosto, que oficialmente otorgaron la victoria al chavismo. La revelación de que el 80% de las actas digitales favorecen a la oposición solo ha intensificado los llamados a la transparencia.
La declaración también hace referencia a la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, recordando a Venezuela sus obligaciones internacionales, particularmente en lo que respecta a la seguridad de seis personas actualmente asiladas en la residencia oficial de la República Argentina en Venezuela. Este punto subraya la grave preocupación por la seguridad y el trato de los opositores políticos dentro del país.
Este conjunto de demandas y la solidaridad internacional reflejan no solo un desafío diplomático para el régimen de Maduro, sino también un punto crítico para la comunidad internacional en su lucha por fomentar la democracia y el respeto por los derechos humanos en la región. La insistencia en un diálogo amplio y genuino apunta hacia un esfuerzo concertado para facilitar una reconciliación nacional y la restauración de la democracia en Venezuela.
Finalmente, mientras la declaración concluye con un llamado al diálogo y a la reconciliación, queda claro que la comunidad internacional mantiene una postura firme y unida frente a la crisis venezolana, comprometiéndose a apoyar esfuerzos que promuevan una solución auténticamente venezolana que priorice la justicia, la paz y la seguridad democrática. La situación en Venezuela no solo es un punto de inflexión para el país, sino un testamento al impacto y la importancia de la cooperación internacional en la resolución de crisis políticas profundas.
