La Policía Federal de Brasil ha acusado al ex-presidente Jair Bolsonaro de los delitos de peculado, asociación criminal y lavado de dinero, relacionados con la venta ilegal de joyas del acervo presidencial. Esta investigación surgió a raíz de reportajes del periódico Estadão que revelaron intentos de aliados de Bolsonaro de introducir ilegalmente al país joyas regaladas por la dictadura de Arabia Saudí. De ser condenado por estos delitos, Bolsonaro podría enfrentar entre 10 y 32 años de prisión.
El caso se centra en la venta de joyas en el extranjero para enriquecimiento ilícito por parte de personas cercanas a Bolsonaro, incluyendo a su ex mano derecha, el teniente coronel Mauro César Barbosa Cid, y dos ex-ministros: Fabio Wajngarten y Bento Albuquerque. En total, 11 personas han sido imputadas.
Fabio Wajngarten ha negado cualquier violación de la ley, afirmando en redes sociales que acusación en contra de él es abusiva y que solo cumplió con su deber legal como abogado.
Según la ley brasileña, el delito de peculado ocurre cuando un funcionario público se apropia o desvía bienes en beneficio propio o de terceros. La pena para este delito varía entre dos y doce años de prisión. La asociación criminal, que implica la colaboración de tres o más personas para cometer actos ilícitos, conlleva penas de cinco a diez años.
El hecho de que Bolsonaro sea ex-presidente podría agravar su situación jurídica, a pesar de ser reo primario. La posición de autoridad que ocupó se considera un factor desfavorable en la evaluación de su conducta. Además, las condenas podrían combinarse con otras investigaciones en curso, lo que podría fortalecer las acusaciones de asociación criminal.
Si es condenado, Bolsonaro también podría enfrentar la inhabilitación política según la Ley de Inelegibilidades de Brasil, impidiéndole presentarse a futuras elecciones. Esta inhabilitación se aplicaría desde la condena hasta ocho años después del cumplimiento de la pena.
Actualmente, el informe final de la Policía Federal está siendo entregado al Supremo Tribunal Federal (STF). El relator del caso, el ministro Alexandre de Moraes, debe remitir el documento al Ministerio Público Federal, que decidirá si presenta una acusación formal o solicita más investigaciones.
Estas acusaciones no significan que Bolsonaro sea culpable, ya que solo se convertirá en acusado si la justicia acepta la denuncia. En ese momento, comenzará el proceso judicial con la presentación de pruebas y testimonios antes del juicio final.
05/07/2024
