Este viernes ha sido testigo de un intenso intercambio de directrices y respuestas entre el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y los fiscales del ‘procés’, Javier A. Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno. El núcleo del debate es la inclusión del delito de malversación en la reciente ley de amnistía, publicada esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El conflicto comenzó con una directiva contundente de García Ortiz a los cuatro fiscales encargados del ‘procés’, ordenándoles aplicar la amnistía a todos los implicados, incluidos el expresidente Carles Puigdemont y otros líderes independentistas. Según García Ortiz, no existe delito de malversación ya que, aunque hubo ánimo de lucro, este no se realizó con la intención de enriquecimiento personal. El Fiscal General también instó a los fiscales a apartar cualquier «valoración política e ideológica», criticando su borrador como «incompleto» y con argumentos «insuficientes».
Los fiscales respondieron rápidamente, rehusando obedecer la orden y argumentando que acceder a ella podría constituir una ilegalidad. Ellos sostienen que sí existe delito de malversación debido al uso indebido de fondos públicos y han decidido mantener su posición.
La resolución de esta confrontación se espera para el próximo martes, cuando la Junta de Fiscales se reúna para debatir y votar sobre el asunto. Aunque la votación no será vinculante, puesto que el principio de jerarquía del Ministerio Público permite al Fiscal General imponer su criterio final, los cuatro fiscales han advertido que no firmarán el decreto si se incluye la malversación y han amenazado con abandonar los casos si se llega a ese extremo.
Mientras tanto, la controversia ha influido en otros procedimientos judiciales, como el caso del ‘Tsunami Democrático’, donde la jueza Susana Polo ha suspendido las citaciones de Puigdemont y del diputado de Esquerra Ruben Wagensberg, en espera de una decisión del Tribunal Supremo sobre la aplicación de la ley de amnistía.
15/6/2024
