Este martes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, conocida como la ley de amnistía, que ha entrado en vigor inmediatamente. Con la firma del rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ley ha superado su último obstáculo formal tras un proceso de aprobación que incluyó la superación de un veto del Senado y extensas negociaciones entre el ejecutivo y partidos independentistas como Junts y ERC.
El decreto establece un periodo de dos meses durante el cual los jueces y tribunales deberán aplicar la amnistía. Este marco temporal abre la puerta para que figuras políticas como Carles Puigdemont, actualmente en el exilio, puedan regresar a España sin enfrentar acciones legales pendientes, en caso de que las órdenes de detención sean retiradas a tiempo.
La amnistía busca cerrar un capítulo de confrontación y división en Cataluña, facilitando un nuevo periodo de diálogo y conciliación. Sin embargo, su publicación no ha estado exenta de críticas, especialmente por parte del Partido Popular (PP). Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, y otros voceros del partido han acusado al gobierno de demorar la publicación por temor a las repercusiones políticas durante la reciente campaña electoral para las elecciones europeas.
A su vez, Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, ha criticado al PSOE por lo que considera una parálisis deliberada en la publicación de la ley. En respuesta, Félix Bolaños, Ministro de la Presidencia, aseguró que la normativa se publicaría siguiendo los procedimientos estándar, «ni un día antes, ni un día después».
Ahora, la atención se centra en los tribunales, que tienen la tarea de interpretar y aplicar la ley de amnistía, mientras que Puigdemont y otros afectados aguardan la posibilidad de un retorno seguro a Cataluña para participar en futuros procesos políticos, incluido el debate de investidura programado para no más tarde del 25 de junio.
11/6/2024
