Las leyes de concordia impulsadas por el PP y Vox en varias comunidades autónomas, que sustituyen a la Ley de Memoria Democrática, han sido objeto de críticas por parte de la ONU y de diversas entidades, incluido el Gobierno de España. La ONU ha instado a España a revisar estas leyes, que han surgido en Aragón, Castilla y León, y la Comunidad Valenciana, y que eliminan términos como «dictadura», no obligan a retirar símbolos franquistas, eliminan el mapa de fosas comunes y retiran subvenciones a organizaciones que trabajan en favor de la memoria democrática.
Estas leyes proponen el año 1931 como punto de partida para el reconocimiento de las víctimas, coincidiendo con el inicio de la Segunda República, lo que ha generado preocupación por la posible desaparición de investigaciones en materia de memoria democrática. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha sido crítico con estas leyes, especialmente en Aragón, donde se ha eliminado el mapa de fosas y se han retirado los inventarios de lugares de memoria. Torres ha garantizado que trabajará para que se respete la Ley de Memoria Democrática y que ninguna fosa en Aragón quedará sin exhumar.
En Castilla y León, la ley de concordia propone «honrar y proteger la historia de España» desde el inicio de la Segunda República en 1931 hasta las primeras elecciones democráticas en 1978, sin condenar la dictadura. El ministro Torres ha calificado de «inadmisible» que se intente igualar los años democráticos de la Segunda República con la dictadura posterior a la Guerra Civil.
En la Comunidad Valenciana, aunque la ley de concordia no elimina la palabra «dictadura», se centra en el período desde 1931, lo que algunos consideran un «blanqueo» del franquismo. Esta ley consta de solo cinco artículos y disuelve organismos como el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, eliminando subvenciones a asociaciones de memoria democrática, excepto las exhumaciones en curso.
Estas leyes han sido criticadas por «blanquear la dictadura franquista», negar la existencia del golpe de Estado como causante de la Guerra Civil y condenar a las víctimas al olvido. La ONU y el Gobierno español han expresado su preocupación por el impacto de estas leyes en la preservación de la memoria histórica y en el respeto a los derechos humanos.
3/5/2024
