Respaldada por más de 600.000 firmas y con el apoyo de numerosas ONG, este martes se presenta en el pleno del Congreso una iniciativa legislativa popular que solicita la regularización de cerca de medio millón de extranjeros que residen en España sin documentación y sin acceso a derechos fundamentales, según fuentes del diario El Obrero
Los impulsores de la iniciativa se presentaron en el Congreso el pasado marzo, donde el PP y Vox expresaron preocupación por el posible efecto llamada, mientras que el PSOE también mostró reservas, aunque fuentes del partido no descartan apoyar la consideración de la iniciativa.
Sumar y la mayoría de sus aliados en el parlamento respaldan una propuesta que incluso la Conferencia Episcopal Española ha pedido sea examinada por los grupos políticos.
La propuesta comenzó su recorrido hace más de dos años con una amplia campaña de recolección de firmas y en febrero de 2023, la Junta Electoral Central confirmó que había alcanzado las medio millón de firmas necesarias para iniciar su trámite parlamentario.
Ya convertida en proposición de ley, su meta es clara: dar al Gobierno un plazo de seis meses para aprobar un real decreto que establezca el procedimiento para regularizar la situación administrativa de los extranjeros presentes en el territorio nacional antes del 1 de noviembre de 2021.
Sin su regularización, argumentan sus promotores, se vulneran sus derechos fundamentales, se les impide contribuir económicamente y fiscalmente a la sociedad y no es posible planificar ni dimensionar los servicios públicos necesarios para los ciudadanos.
También piden recordar la labor de las comunidades de migrantes en situación irregular durante la pandemia en sectores esenciales como el cuidado de personas, la entrega a domicilio o la recolección de frutas y verduras, cuando pagaron un alto precio en términos de contagios y muertes: «Nuestra sociedad tiene una deuda de gratitud con uno de sus colectivos más vulnerables».
La comisión promotora de la iniciativa está formada por la red #RegularizaciónYa, la Fundación para la Ciudadanía Global, la Fundación Por Causa, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), Alianza para la Solidaridad y el partido Por un Mundo Más Justo, y rápidamente logró el apoyo de numerosas ONG y asociaciones relacionadas con la inmigración.
La semana pasada, la Conferencia Episcopal, la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y REDES solicitaron a los grupos parlamentarios que apoyaran la consideración de la iniciativa este martes.
Dado el tema tratado por la iniciativa legislativa, con su potencial impacto positivo en la vida de muchas personas, así como la legitimación democrática otorgada por el respaldo de cientos de miles de ciudadanos a través de sus firmas, sería incomprensible que esta iniciativa no fuera debatida por los representantes políticos en el Congreso.
9/4/2024
