Es irrefutable que Carles Puigdemont se ha convertido en una de las personalidades del espectro político español más mencionadas por los medios de comunicación en los últimos años, por haber sido protagonista en diferentes contextos políticos, jurídicos y sociales. En un primer momento, destaca como líder catalán a favor del movimiento independentista y de la promoción del procés. Posteriormente, ante las sentencias judiciales a todos aquellos que apoyaron y formaron parte del Referéndum de autodeterminación de Cataluña del 1-0, llamó la atención con su partida a Europa, mientras sus compañeros de movimiento debían cumplir sus respectivas condenas. Por último, en el actual proceso de negociación sobre el proyecto de la ley de amnistía, también ocupa una posición importante, pues se aboga por “perdonar” los posibles delitos de terrorismo por los cuales podría estar imputado, en el marco del “caso Tsunami”. A continuación, reflejaremos el origen y la evolución de este último caso, así como las claves de su relación con el expresidente catalán.
¿Por qué “Caso Tsunami”?
Cabe comenzar señalando que “Tsunami Democràtic” fue el nombre de una plataforma que se creó en Twitter (actualmente X) y Telegram en 2019. Se estableció con el propósito de promover y coordinar las manifestaciones callejeras en respuesta a la sentencia del procés, dictaminada en el mismo año de su creación. Su presencia inicial en Twitter, con un enfoque en «recuperar la iniciativa» y promover la «desobediencia civil» y la «no violencia», llamó la atención de líderes independentistas como Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, quienes compartieron su mensaje en minutos.
En su primera publicación, realizada el 2 de septiembre de 2019, la plataforma expuso su principio de actuación del siguiente modo: “¡Recuperemos la iniciativa! Con la no violencia y la desobediencia civil como herramientas, adelantémonos a la sentencia. Cambiemos el estado de las cosas. Súmate al Tsunami Democràtic. Tú eres el tsunami”.
En este sentido, recordamos que la sentencia del procés, anunciada el 14 de octubre de 2019, concluyó en penas de entre nueve y 13 años de cárcel para nueve líderes independentistas catalanes, los cuales fueron condenados por sedición y malversación, en relación con el referéndum de independencia de 2017. Esta sentencia fue el catalizador para las acciones posteriores de la plataforma. La primera acción pública tuvo lugar el mismo día de la mencionada sentencia, convocando a miles de manifestantes para «detener la actividad» en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona. En esta línea, entre otras acciones impulsadas se incluyen la colocación de carteles en toda Cataluña, la ocupación de oficinas bancarias consideradas como financiadoras de la represión, y el bloqueo de la frontera con Francia desde La Jonquera (Girona) mediante el corte de la AP-7.
Comienzo de las acciones legales:
Ante este nuevo contexto, el aumento de las tensiones en las calles de varias regiones de la comunidad, con numerosas sentadas y disturbios públicos, la Audiencia Nacional emitió el 18 de octubre de 2020 una orden para el cierre de la página web de “Tsunami Democràtic” y sus correspondientes cuentas en las redes sociales como parte de una investigación sobre posibles delitos de “terrorismo” vinculados al movimiento. El objetivo principal de esta decisión residía en identificar a los responsables y determinar sus fuentes de financiación.
Tras un largo proceso, desde que comenzaron las investigaciones, los primeros señalados, los aplazamientos y finalmente, la posibilidad de introducir en el texto del proyecto de ley de amnistía estos delitos de “terrorismo”, Carles Puigdemont podría ser uno de los principales imputados de este caso.
A este respecto, la Junta de fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo ha llegado a la conclusión, recientemente, por una amplia mayoría, de que existen indicios suficientes para imputar al expresidente de la Generalitat por terrorismo en relación con la investigación sobre la plataforma, tal y como lo solicitó el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. De hecho, doce de los miembros de la Junta ven indicios de un delito de terrorismo en los hechos expuestos en la exposición enviada al tribunal superior por el instructor.
Con esto, se espera que en las próximas semanas aumente la tensión entre la formación catalana Junts y el Ejecutivo español, presionando sobre la modificación del texto de la ley de amnistía, para introducir el punto que implique amnistiar todos los delitos de terrorismo vinculados al procés.
09-02-2024
