Estados Unidos ha abierto un nuevo frente diplomático y político en América Latina al imponer sanciones financieras al presidente colombiano, Gustavo Petro, a quien el mandatario estadounidense Donald Trump ha calificado de “líder del narcotráfico”. La medida, ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incluye también a la primera dama, Verónica Alcocer; al hijo del presidente, Nicolás Petro; y al ministro del Interior, Armando Benedetti. Los bienes y cuentas vinculados a ellos en territorio estadounidense quedaron bloqueados, en un gesto que ha desatado una ola de rechazo en la región y revive la memoria reciente del caso del mandatario Nicolás Maduro de Venezuela.
La administración Trump justifica esta acción alegando que la producción de cocaína en Colombia ha alcanzado niveles históricos “bajo el mandato de Petro”, mientras acusa al Gobierno colombiano de “tolerar y beneficiar” a organizaciones narcotraficantes amparadas bajo su política de “paz total”. Sin embargo, las declaraciones carecen de pruebas públicas y se enmarcan en un contexto de tensión militar creciente, con ataques estadounidenses en aguas del Caribe y el Pacífico contra embarcaciones catalogadas por Washington como “narcolanchas”. En menos de dos meses, se registran diez operaciones letales que han dejado unos 43 muertos, en su mayoría latinoamericanos.
El discurso de Trump repite un patrón ya conocido en la política exterior estadounidense: criminalizar a los gobiernos de izquierda latinoamericanos para justificar la presencia militar en la región. Lo hizo con Venezuela, cuando acusó a Maduro de liderar un “cartel de drogas”, y lo repite ahora con Colombia, antiguo aliado histórico de Washington. Bajo este argumento, la Casa Blanca asegura combatir el narcotráfico, mientras amplía su presencia naval en el Caribe, el Pacífico sur y el Golfo de México, lo que varios países califican como una amenaza directa a la soberanía regional.
Petro, por su parte, ha respondido con dureza, calificando la medida como “una arbitrariedad propia de un régimen de opresión” y denunciando que “luchar eficazmente contra el narcotráfico me ha traído esta sanción”. En redes sociales, el mandatario colombiano recordó que su gobierno ha incautado más cocaína que ningún otro en la historia reciente, y que los cultivos ilícitos comenzaron a descender desde 2024, tras un programa de sustitución voluntaria con comunidades rurales. “No tengo nada que congelar en Estados Unidos, pero sí mucho que decir sobre su hipocresía”, señaló Petro.
Esta situación ha provocado la movilización de miles de personas en Bogotá frente a la Plaza de Bolívar en apoyo al presidente, en un ambiente de creciente indignación por lo que consideran una ofensiva política y militar de Washington contra un gobierno democráticamente elegido. La Cancillería colombiana, en tanto, rechazó las “amenazas directas” de Trump, calificando las recientes operaciones militares estadounidenses como “violaciones a la soberanía nacional y ejecuciones extrajudiciales”.
Este caso ha reavivado el debate sobre la instrumentalización del discurso antidrogas como herramienta de presión política. Analistas recuerdan que el mar Caribe y el Pacífico no son zonas habituales de tráfico hacia Estados Unidos, sino rutas marginales, lo que refuerza la tesis de que las operaciones tienen objetivos geoestratégicos, especialmente tras los recientes intereses de Washington en los yacimientos petroleros de Venezuela y Guyana.
Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro condenó las sanciones contra Petro, calificándolas de “acto de injerencia imperial” y llamó a los pueblos latinoamericanos a “defender su soberanía frente al intervencionismo de Estados Unidos”. La alianza entre Caracas y Bogotá, antes tensa, se fortalece ahora ante un enemigo común.
La nueva política de Trump hacia Suramérica da un giro en la diplomacia hemisférica, en la que Washington ya no distingue entre aliados y adversarios, sino entre obediencia y autonomía. Al acusar a Petro de narcotráfico y lanzar ataques en aguas internacionales, Estados Unidos redefine unilateralmente los límites de la soberanía regional, abriendo un escenario de confrontación que podría tener consecuencias profundas para la estabilidad del continente.
María Angélica Carvajal
25/10/2025
