Estados Unidos ha llevado a cabo su noveno ataque contra embarcaciones pequeñas sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico, una ofensiva que ha dejado hasta ahora varias decenas de muertos. El último incidente, reportado cerca de Colombia, se saldó con la muerte de tres personas, elevando el total acumulado de víctimas a al menos treinta, entre ellas ciudadanos de Venezuela y Colombia, según fuentes regionales. El Pentágono justifica estas acciones como parte de su lucha contra el narcotráfico, alegando que las embarcaciones atacadas transportan sustancias ilícitas hacia Estados Unidos.
El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró que la operación se realizó bajo la dirección del presidente Donald Trump y que continuará “día tras día” hasta neutralizar la amenaza. En cada caso, Hegseth ha catalogado a los ocupantes de las embarcaciones como “narcoterroristas” y los ha comparado con miembros de grupos terroristas, subrayando la necesidad de proteger la seguridad nacional estadounidense.
Estas acciones han generado un repunte de la tensión política en América del Sur. Los gobiernos de Venezuela y Colombia han condenado los ataques, calificándolos de violación del derecho internacional y de un asedio directo desde las costas estadounidenses. El presidente Nicolás Maduro ha hecho un llamado a la población venezolana para retomar entrenamientos militares, en un contexto donde Washington ha reforzado su presencia militar en la región con destructores, aviones de combate F-35, un submarino nuclear y miles de soldados.
Tanto Maduro como el presidente colombiano Gustavo Petro han coincidido en que la lucha contra las drogas es una prioridad compartida, pero que esto no justifica ataques unilaterales ni amenazas de intervención territorial. Petro ha exigido que Estados Unidos respete la soberanía de Colombia y suspenda estas acciones, mientras que Caracas ha advertido que la escalada militar podría tener consecuencias graves para la estabilidad regional.
Ante esta situación, Dana María Casanova, Encargada de Negocios de Venezuela en Marruecos, recalcó que se «trata de situación de asedio que no solamente violenta al pueblo venezolano sino a todos los pueblos del Caribe, y a toda Latinoamérica, porque violenta todos los tratados y todas las mesas de trabajo en conjunto que hemos hecho en Latinoamérica».
Para Casanova, «hay que respetar el derecho internacional, hay que respetar la autonomía de los pueblos, la autodeterminación, y cualquier conflicto que pudiese suceder debería ser llevado por las debidas fórmulas diplomáticas, por las vías de la paz y la negociación», a lo que cual asegura que «no estamos en contra en ningún momento, de la guerra contra las drogas, estamos totalmente a favor de que hayan medidas de control, de erradicación de este mal endémico…no estamos en ningún momento contra eso pero no se puede tampoco utilizar una guerra contra las drogas para humillar o para erradicar a otro pueblo.»
El patrón de ataques, que comenzó en septiembre frente a las costas venezolanas, se ha extendido ahora al Pacífico y al Caribe sur, consolidando una estrategia que, según analistas regionales, busca presionar directamente a los gobiernos de la región bajo la narrativa de la lucha antidrogas. No obstante, hasta ahora, el resultado ha sido un aumento de la hostilidad política hacia Trump, críticas desde Caracas y Bogotá, y un recrudecimiento de la percepción de amenaza estadounidense en América Latina.
María Angélica Carvajal
23/10/2025
