El Parlamento israelí aprobó por un estrecho margen dos proyectos de ley que buscan extender la soberanía de Israel sobre Cisjordania en zonas clave del territorio palestino. La votación, celebrada en plena visita del vicepresidente estadounidense JD Vance, refleja una ofensiva política que, aunque simbólica en esta etapa, confirma la persistente voluntad de Israel de consolidar su control territorial sobre Palestina, incluso a costa del derecho internacional.
El primer texto, impulsado por el nacionalista israelí Avigdor Lieberman, busca incorporar Maalé Adumim, una colonia de más de 40.000 habitantes al este de Jerusalén, al territorio soberano israelí. El segundo, propuesto por el ultraderechista Avi Maoz, pretende extender la soberanía israelí sobre toda Cisjordania. Ambos proyectos fueron aprobados en lectura preliminar, con 32 y 25 votos a favor respectivamente, reflejando un consenso creciente dentro de la derecha israelí en torno a la idea del “Gran Israel”, que niega cualquier posibilidad de Estado palestino.
Aunque el primer ministro Benjamín Netanyahu instruyó a su partido Likud a abstenerse en la votación, sus declaraciones recientes en Maalé Adumim, donde prometió “doblar la población” y afirmó que “no habrá Estado palestino”, demuestran que la abstención fue más una maniobra diplomática que un gesto de moderación. La estrategia israelí se ha basado en los hechos consumados como extender asentamientos, consolidar el control militar y crear realidades irreversibles en el terreno.
Ante esta situación, cabe recordar que la comunidad internacional, encabezada por Naciones Unidas y el Tribunal de La Haya, ha reiterado que la colonización y anexión de territorios palestinos son ilegales. Sin embargo, Israel ha desafiado abiertamente estas resoluciones, construyendo miles de viviendas en zonas ocupadas, como el proyecto E1 aprobado en agosto, que dividiría Cisjordania en dos y haría inviable un futuro Estado palestino. Este proyecto fue denunciado por la ONU y varios gobiernos occidentales, pero continúa su curso sin consecuencias reales para Tel Aviv.
El giro más preocupante radica en el respaldo político que recibe esta agenda expansionista dentro del propio gobierno israelí. Ministros como Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, líderes de los partidos más radicales, exigen abiertamente aplicar “la soberanía plena” sobre los territorios ocupados, en lo que consideran una “herencia ancestral”. Estos discursos, combinados con el crecimiento acelerado de los asentamientos, donde más de medio millón de colonos viven hoy en Cisjordania, confirman que el proceso de anexión avanza más por la vía de los hechos que por las leyes.
En este contexto, el presidente estadounidense Donald Trump, pese a su tradicional alineamiento con Israel, declaró recientemente que “no permitirá la anexión de Cisjordania”. No obstante, su administración ha sido ambigua en la práctica, especialmente desde el reconocimiento de Jerusalén como capital israelí en 2017, un precedente que legitimó nuevas violaciones al marco jurídico internacional. Además, la visita de su vicepresidente a Tel Aviv durante esta votación parlamentaria es, en sí misma, un gesto que muchos analistas interpretan como un aval tácito.
Con cada nueva colonia y cada voto en la Knéset, Israel promete lo dicho y aleja aún más la posibilidad de una solución de dos Estados. La expansión territorial y la fragmentación geográfica de Palestina hacen que la idea de un Estado palestino viable se desvanezca entre discursos y asentamientos crecientes; y lo que se presenta como una cuestión de “soberanía” por parte de Israel no es más que una clara anexión progresiva que desafía las normas del derecho internacional y perpetúa la agonía Palestina.
22/10/2025
