La imposición de sanciones por parte de Estados Unidos contra Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, ha encendido una nueva alarma sobre la profunda alianza entre Washington y Tel Aviv. Bajo el pretexto de combatir el «antisemitismo descarado», el secretario de Estado Marco Rubio anunció las sanciones como parte de una estrategia más amplia para proteger diplomáticamente a Israel en medio de acusaciones de crímenes de guerra en Gaza. El gesto político no es aislado, ya que forma parte de una política exterior sostenida por sucesivas administraciones estadounidenses que posiciona a Israel como socio prioritario e intocable.
La sanción a una funcionaria de Naciones Unidas no solo es un hecho sin precedentes en el actual conflicto, sino que también expone la contradicción en la postura estadounidense. Mientras la Casa Blanca afirma trabajar en favor de la paz en Oriente Medio, su apoyo incondicional a Israel, incluido el bloqueo de procesos judiciales en la Corte Penal Internacional (CPI), deja poco margen para considerar su papel como mediador neutral. Cabe recordar que desde febrero, una orden ejecutiva firmada por Donald Trump permite sancionar a cualquier persona que colabore con investigaciones de la CPI sobre presuntos crímenes israelíes.
En este contexto, la figura de Benjamín Netanyahu se consolida gracias al respaldo estadounidense. La presión sobre él por las investigaciones de la CPI o las crecientes críticas internacionales por la devastación en Gaza encuentra una barrera firme en la diplomacia de Washington. Incluso cuando Hamás propone liberar rehenes en medio de negociaciones difíciles, EE. UU. sigue respaldando a Israel sin condiciones, a pesar de que sus fuerzas han matado a más de 57.000 palestinos desde octubre de 2023, según el Ministerio de Sanidad de Gaza.
El actual intento de tregua en Gaza refleja también esa ambivalencia. Mientras se negocia en Doha una posible liberación de rehenes y un cese al fuego, Washington mantiene su línea dura contra cualquier organismo o figura crítica de Israel. La paradoja es evidente, por un lado se impulsa una paz negociada mientras se sanciona a quienes denuncian las violaciones que impiden esa paz. En ese sentido, la presión que la administración Trump ejerce sobre organismos internacionales se traduce en un debilitamiento del sistema multilateral de justicia y derechos humanos.
La sanción contra Albanese responde no solo a su colaboración con la CPI, sino también a sus informes sobre empresas internacionales que se lucran de la guerra en Gaza, a las que acusa de participar en una «economía del genocidio». Este señalamiento ataca directamente intereses económicos de alto nivel y vuelve a poner en evidencia el dilema entre política exterior e intereses comerciales, una ecuación que Estados Unidos parece haber resuelto siempre a favor de la protección de sus aliados estratégicos.
Es así como la defensa estadounidense de Israel va más allá del terreno militar o diplomático y se articula en un discurso donde toda crítica se tilda de antisemitismo, anulando así cualquier debate sobre los límites de la legítima defensa o las obligaciones internacionales. Una postura debilita los intentos globales de establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas por crímenes de guerra y erosiona la legitimidad de las instituciones como la ONU o la CPI.
Con la promesa de que un acuerdo de paz podría anunciarse «esta semana o la próxima», según el líder republicano, la política exterior estadounidense parece caminar en dos direcciones: una, hacia la contención de la violencia, y otra, hacia la consolidación de un aliado militar cuyos actos quedan sistemáticamente protegidos de la crítica y la justicia. En medio de esta dinámica, el pueblo palestino continúa sufriendo los costos de una alianza estratégica que, por ahora, no parece tener condiciones.
10/07/2025
María Angélica Carvajal
