En apenas seis semanas de funcionamiento, la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), un mecanismo de distribución de ayuda creado por Israel y Estados Unidos, se ha situado en el centro de un intenso cuestionamiento internacional. Más de 130 organizaciones humanitarias de referencia, entre ellas Oxfam, Save the Children, Amnistía Internacional, el Consejo Noruego para los Refugiados, ActionAid, CARE International y el Comité Internacional de Rescate, entre otras, reclaman su suspensión urgente y su reemplazo por un modelo que respete estándares humanitarios básicos y el derecho internacional.
Según el Ministerio de Salud de Gaza y datos recopilados por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), más de 500 personas han muerto y casi 4.000 han resultado heridas mientras intentaban llegar o permanecían esperando en los puntos de distribución de alimentos. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, citando a fuentes sobre el terreno, indicó que estas cifras pueden ser conservadoras y advirtió que la situación podría constituir “violaciones graves del derecho internacional humanitario”, al tratarse de ataques contra civiles protegidos por la Cuarta Convención de Ginebra.
Cabe recordar que el GHF sustituyó la red de aproximadamente 400 puntos de entrega de ayuda gestionados por la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos) y organizaciones internacionales durante la tregua temporal entre Israel y Hamás, reemplazándolos por solo cuatro centros de distribución controlados por militares israelíes y personal de seguridad privado. Tres de estos centros se localizan en el extremo suroeste de la Franja y uno en el centro de la Franja, cerca del corredor llamado Netzarim. El sistema se diseñó con el argumento oficial israelí de impedir la apropiación o desvío de suministros por parte de Hamás y “garantizar la llegada directa a los destinatarios civiles”, según expresó el portavoz militar de ese país, Daniel Hagari, citado en medios internacionales.
Sin embargo, tanto la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como Human Rights Watch advirtieron desde mayo que este enfoque implicaba un alto riesgo de “militarización de la asistencia”, obligando a civiles a cruzar áreas inseguras y sometiéndolos a reglas de acceso inadecuadas. La Alta Comisionada Adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, declaró en Ginebra que “cualquier mecanismo que condicione el acceso humanitario a corredores militares o franjas de paso bajo control de una parte beligerante, sin supervisión independiente, no cumple con los principios de imparcialidad y neutralidad”.
Los hechos recientes parecen dar la razón a estas advertencias. En su informe mensual, la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Gaza notificó que su hospital de Rafah activó protocolos de víctimas masivas en al menos 20 ocasiones entre el 27 de mayo y el 30 de junio, principalmente por heridas de bala en personas que afirmaron estar en camino a recibir alimentos. Médicos Sin Fronteras corroboró que buena parte de los pacientes atendidos presentaban heridas compatibles con fuego de armas automáticas.
Por su parte, la Misión de Observación de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recogió testimonios coincidentes de familias que describen jornadas de espera prolongada, aglomeraciones sin control y estallidos de disparos. La relatora especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver, señaló que “la asistencia alimentaria nunca debe forzar a las personas a asumir riesgos letales ni ser utilizada como herramienta de presión política o militar”.
Entre tanto, la versión oficial israelí sostiene que se realizan disparos de advertencia ante la aproximación de personas que no respetan los corredores designados, pero rechaza la acusación de ataques deliberados contra civiles. El gobierno estadounidense, que en junio anunció un financiamiento inicial de 30 millones de dólares para el GHF, afirmó a través de un portavoz del Departamento de Estado que comparte la preocupación por la seguridad y que “ha instado a Israel a extremar precauciones para proteger a la población civil”. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) informó que revisa de forma constante la implementación del programa, pero hasta ahora no ha suspendido su respaldo.
Asimismo, la propia Oficina de la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas destacó en su último boletín que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la UNRWA mantienen operaciones paralelas de distribución con un alto grado de dificultad logística, debido a la dependencia de las autorizaciones israelíes y la inseguridad en el terreno. El Consejo Noruego para los Refugiados, que forma parte de la coalición de ONG que exige el cierre del GHF, señaló que “la sustitución de redes humanitarias experimentadas por un sistema improvisado y militarizado solo ha multiplicado los riesgos y reducido la cobertura de la asistencia”.
De acuerdo con el informe de BBC Verify, decenas de videos analizados muestran un patrón consistente de aglomeraciones, pánico y enfrentamientos armados en las cercanías de los cuatro centros de distribución. Aunque no siempre es posible determinar quién dispara en cada incidente, tanto los registros audiovisuales como los testimonios de testigos describen un entorno de riesgo constante.
El llamado colectivo de las más de 130 organizaciones destaca la urgencia de diseñar un sistema alternativo, que restituya los principios de neutralidad, acceso equitativo y seguridad humanitaria. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, calificó el actual esquema de “inherentemente inseguro” y solicitó a todas las partes un compromiso inmediato para establecer corredores humanitarios supervisados por agencias independientes. Pues tal y como expresó el profesor de Derecho Público Internacional de la Universidad de Costa Rica en una entrevista exclusiva a Marruecom, Nicolás Boeglin, «Israel no puede ser el agresor y el encargado de administrar y repartir la asistencia humanitaria, entonces quienes no mueren en los ataques, mueren de hambre o en busca de ayuda».
No obstante, aunque las ONG`s del mundo levanten la voz y exijan, y las cifras respalden los argumentos, la situación real es que a la Franja de Gaza nada entra o sale sin autorización de Israel. El futuro inmediato de la asistencia de los palestinos depende de la voluntad política de las autoridades israelíes, del respaldo de Estados Unidos y de la capacidad de la ONU y sus agencias para implementar mecanismos creíbles y eficaces de protección; una combinación que hasta ahora no se ha dado y las peticiones internacionales no han podido sobrepasar las directrices del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
Los signos de interrogación no cuestionan únicamente la eficacia de la ayuda o el sistema de distribución, sino la obligación básica de evitar que la asistencia humanitaria se convierta en un riesgo mortal para la población a la que debería proteger, un derecho humano vital pero que en Gaza parece imposible.
01/07/2025
María Angélica Carvajal
