En un mundo donde los efectos del cambio climático se intensifican con cada año, la crisis del agua potable se ha convertido en un símbolo de la desigualdad global. Aunque los impactos de un clima cambiante nos afectan a todos, «el grado en que impactan a las personas y las comunidades es profundamente desigual». Esta afirmación del Informe de Desigualdad Climática 2023, respaldada por cifras y testimonios, pone en el centro del debate una urgencia ineludible: el acceso universal al agua como derecho fundamental y no como privilegio.
Las comunidades más vulnerables, aquellas con menores ingresos, acceso limitado a recursos y posiciones sociales marginadas, están desproporcionadamente expuestas a los efectos adversos del cambio climático. Las desigualdades preexistentes limitan su capacidad de respuesta, haciéndolas más susceptibles a desastres naturales, inseguridad alimentaria y crisis económicas.
Los datos del Laboratorio Mundial de Desigualdad son contundentes: «Todos los individuos contribuyen a las emisiones, pero no de la misma manera. El 10% de los mayores emisores de carbono del mundo generan casi la mitad de todas las emisiones de gases de efecto invernadero.» Además, «Los impactos del clima no se distribuyen de manera equitativa en todo el mundo: en promedio, los países de ingresos bajos y medios sufren impactos mayores que sus contrapartes más ricas.» Esto revela una clara injusticia estructural: quienes menos contaminan, más sufren.
Según el Informe 2023, «Más de 780 millones de personas en todo el mundo están actualmente expuestas al riesgo combinado de pobreza e inundaciones graves, principalmente en países en desarrollo.» La convergencia de la pobreza y la exposición a fenómenos extremos amenaza con condenar a generaciones enteras a condiciones de vida inhumanas, especialmente en regiones donde el acceso al agua potable es cada vez más limitado.
Este contexto fue ampliamente abordado en el Foro Internacional de Jóvenes Parlamentarios Socialistas y Socialdemócratas, que reunió a congresistas de 32 países de Europa, África y América Latina. Allí, se alzaron voces críticas y urgentes que exigieron medidas concretas y compromisos reales.
Jorge Méndez, parlamentario colombiano, denunció con indignación que “aunque Latinoamérica solo aporta el 10% del cambio climático, sufre la mayoría de las consecuencias con sequías, fenómenos naturales, entre otras, y aún peor que el tema se recurrentemente tratado y discutido en organismos internacionales donde se procuran acuerdos que ‘no se cumple con acciones, los acuerdos que se firman quedan en el papel como mera voluntad y es ahora nuestra responsabilidad presionar para llevarlos a la realidad’.”
La preocupación de Méndez fue compartida por legisladores de Chile, Marruecos, Guatemala, Camerún y Jordania durante el panel Cambio climático y crisis de agua. Desde Chile, Consuelo Veloso enfatizó que la escasez de agua potable “ya no puede seguir esperando y ha escalado a ser una cuestión ‘de vida o muerte’ para muchas personas, especialmente para las más vulnerables con escasos recursos.”
Rudy Casimiro, diputado de Guatemala, también fue contundente al señalar que “el agua falta a los más pobres y hablar de cambio climático sin hablar de justicia social es quedarse cortos.”
El consenso entre los jóvenes parlamentarios fue claro: si bien las consecuencias del cambio climático constituyen una “herida común global”, no se viven igual en todo el mundo. Desde su perspectiva socialista y socialdemócrata, subrayaron que esta desigualdad revela que la crisis climática es, en el fondo, “una crisis de un modelo económico que no es equitativo y que urge una transformación donde los recursos naturales estén a disposición del pueblo y no de grandes compañías.”
En este sentido, exigieron la implementación urgente de políticas de justicia económica ambiental, donde los países del norte global, responsables históricos de la mayor parte de las emisiones, asuman su deuda climática y contribuyan al financiamiento de soluciones en los países del sur. Tal como lo expresó con fuerza la delegación colombiana: “El agua no se vende, se defiende.”
Durante el Foro quede claro que el acceso al agua potable no puede continuar siendo una promesa postergada ni un bien sujeto a intereses corporativos. Es tiempo de dejar atrás los discursos vacíos y convertir los compromisos en acciones concretas, justas y sostenibles. Porque defender el agua hoy es defender el derecho a la vida.
04/05/2025
María Angélica Carvajal
