En una decisión polémica que ha generado alarma entre los ambientalistas, el presidente Donald Trump firmó un decreto que autoriza la explotación minera a gran escala en los fondos oceánicos, incluyendo aguas internacionales. Esta medida desafía directamente la autoridad de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM), el organismo competente en la regulación de la minería en alta mar.
Si bien los fondos marinos albergan vastas reservas de materias primas, su explotación comercial en aguas internacionales sentaría un precedente. El decreto de Trump ordena al Secretario de Comercio, Howard Lutnick, acelerar la revisión y concesión de permisos de exploración y extracción de minerales fuera de la jurisdicción estadounidense, y al Secretario del Interior, Doug Burgum, hacer lo mismo en aguas territoriales. Un alto funcionario estadounidense afirmó que la iniciativa busca extraer mil millones de toneladas de materiales en diez años.
Esta acción unilateral de Estados Unidos, que nunca ratificó los acuerdos que otorgan jurisdicción a la AIFM sobre los fondos marinos internacionales, ha provocado fuertes críticas de organizaciones ambientalistas. Jeff Watters, vicepresidente de Ocean Conservancy, advirtió sobre las consecuencias negativas para los océanos y la posibilidad de que otros países sigan el ejemplo de Estados Unidos, generando un impacto devastador en los ecosistemas marinos. El decreto también exige un informe sobre la viabilidad de un mecanismo para compartir las ganancias derivadas de la explotación de los fondos marinos.
Aunque aún no se ha realizado ninguna extracción minera comercial en los fondos marinos, algunos países, como Japón e Islas Cook, han otorgado permisos de exploración en sus zonas económicas exclusivas. El gobierno de Trump argumenta que la minería submarina podría generar 100.000 empleos y aumentar el PIB estadounidense en 300.000 millones de dólares en una década. Un funcionario declaró abiertamente el objetivo de «adelantarse a China» en este campo.
El interés se centra en los nódulos polimetálicos, ricos en manganeso, níquel, cobalto, cobre y tierras raras, metales esenciales para la fabricación de vehículos eléctricos, paneles solares y dispositivos electrónicos. Estados Unidos, segundo productor mundial de tierras raras, busca asegurar su suministro de estos minerales críticos, considerados estratégicos para la seguridad nacional, y reducir su dependencia de «adversarios extranjeros», particularmente China.
En 2023, un grupo de 31 congresistas republicanos instó al gobierno de Biden a permitir la minería submarina para evitar que China controle estos recursos. La empresa canadiense The Metals Company (TMC) anunció en 2025 su intención de solicitar la autorización de Estados Unidos para iniciar la explotación minera en alta mar, eludiendo a la AIFM. Katie Matthews, de Oceana, criticó esta maniobra como una priorización de los intereses de las empresas mineras por encima del sentido común.
En contraste con la postura de la administración Trump, el gobernador de Hawái, Josh Green, firmó una ley que prohíbe la minería en aguas territoriales de ese estado. Numerosas organizaciones ambientales se oponen a la extracción de minerales del fondo marino por su grave amenaza a los ecosistemas. Emily Jeffers, abogada del Centro para la Diversidad Biológica (CBD), denunció la decisión de Trump de exponer uno de los ecosistemas más frágiles del planeta a la explotación industrial descontrolada y recordó el apoyo de más de 30 países a una moratoria sobre la minería submarina. Jeffers reivindicó la protección de la alta mar como un deber de la humanidad.
25/04/2025
