Por momentos, la historia parece repetirse como una danza incómoda entre los principios y la supervivencia. España, país de larga tradición pacifista y retórica diplomática, se encuentra ahora atrapada en una trampa silenciosa: la que tiende el compromiso con la OTAN de alcanzar el 2% del PIB en defensa, la urgencia de no quedarse atrás en la carrera armamentista que recorre Europa, y la voluntad política –en principio firme– de no colaborar con el Estado de Israel mientras persista el conflicto en Gaza. Pero en tiempos de rearme, las decisiones ya no se forjan solo en el mármol de la ideología.
Este dilema se hizo especialmente palpable cuando el Ministerio del Interior español, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, adjudicó un contrato millonario para la compra de munición a empresas israelíes. Una licitación que a la que se había renunciado desde octubre de 2024 por razones éticas, pero que fue reactivada en Semana Santa con el aval de la Abogacía del Estado, que advertía de los costes jurídicos y logísticos de su anulación. Así, 6,6 millones de euros en balas del calibre 9 mm amenazaban con romper una promesa política que el propio Ejecutivo había elevado a la categoría de compromiso internacional.
El telón de fondo: un ambicioso plan de gasto en defensa de 14.471 millones de euros para 2025. Más del 30% destinado a ciberseguridad y nuevas tecnologías, pero también una porción considerable a armamento duro: carros de combate, misiles, municiones. Europa se rearma, y España, como pieza del tablero occidental, no quiere quedar atrás.
Sin embargo, las tensiones dentro del Gobierno de coalición no tardaron en estallar. Sumar, Izquierda Unida y Podemos acusaron al PSOE de incoherencia y traición a los principios fundacionales del Ejecutivo progresista. Izquierda Unida incluso amagó con abandonar el Gobierno si no se revertía la compra. Las críticas fueron acompañadas por un clamor ético: «Hay argumentos jurídicos suficientes para que España no se convierta en cómplice de un genocidio», advirtió Enrique Santiago en el Congreso, exigiendo responsabilidades de arriba a abajo.
La presión interna, sumada al impacto mediático y a las voces ciudadanas, forzó finalmente un giro inesperado pero revelador: el Gobierno español ha ordenado rescindir de forma unilateral el contrato con las empresas israelíes. Según fuentes de Moncloa, la decisión se tomó “tras haber agotado todas las vías negociadoras” con la compañía, y ante la urgencia de preservar la estabilidad de la coalición. El mandatario Pedro Sánchez y su vicepresidenta, Yolanda Díaz, mantuvieron contactos directos en las últimas horas, en los que el presidente priorizó la relación con su socio de Gobierno por encima del cálculo legal o financiero.
Fue precisamente Díaz, según publicaciones de RTVE, quien se atribuyó públicamente el haber frenado la operación. Preguntada por los periodistas, la vicepresidenta aseguró que había estado «personalmente negociando desde ayer con el ministro Marlaska y con Presidencia» para anular un contrato que, en sus palabras, “vulneraba la legalidad, el comercio internacional y los acuerdos del Gobierno”. Minutos antes de que Moncloa anunciara la rescisión, Díaz afirmaba con serenidad calculada: “No hay ninguna crisis en el Gobierno”.
La rescisión podría acarrear consecuencias jurídicas. La empresa israelí podría reclamar los 6,6 millones pactados, además de penalizaciones. Aun así, Moncloa se muestra firme: “Los partidos del Gobierno de coalición progresista están comprometidos con la causa palestina y con la paz en Oriente Medio”, subrayan. Desde que estalló la guerra en Gaza, insisten, “España no compra ni vende armamento a Israel, ni lo hará en el futuro”.
Sánchez lo ha ratificado en sede parlamentaria: mientras continúe el conflicto, no habrá contratos de compraventa de armamento con Israel. El contrato ahora anulado era uno de los últimos pendientes. En la Moncloa distinguen entre material ofensivo –como munición– y material defensivo –como chalecos antibalas o blancos de tiro–, aunque la línea entre ambos, en términos simbólicos, se vuelve cada vez más difusa.
Es así como España se encuentra, una vez más, en una encrucijada compleja. El rearme europeo continúa su marcha, y el Gobierno español trata de acompasarse sin perder el alma. Esta rectificación no elimina las contradicciones, pero sí ofrece una pausa, una tregua moral, en medio del ruido bélico que envuelve nuestros continentes.
24/04/2025
María Angélica Carvajal
