La presidenta del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Marruecos, Amina Bouayach, instó a la Comisión de Justicia, Legislación y Derechos Humanos de la Cámara de Representantes a incorporar plenamente el principio de Estado de Derecho en la revisión del proyecto de ley 03.23, que modifica la ley 22.01 sobre procedimiento penal.
Durante la presentación de las observaciones y recomendaciones del CNDH sobre el proyecto, Bouayach enfatizó que la subordinación del Código de Procedimiento Penal a los principios del Estado de Derecho trasciende un enfoque meramente funcional. La legitimidad constitucional debe ser la referencia ineludible para cualquier intervención legislativa que afecte derechos y libertades.
El principio del Estado de Derecho, según Bouayach, exige garantías jurídicas e institucionales que regulen la actuación de las autoridades de investigación e instrucción, sometiéndolas a un control que asegure el respeto de los derechos fundamentales. Esto incluye la posibilidad de interrogar a un sospechoso sin necesidad de detención preventiva, el derecho a la defensa con garantías legales precisas, y la facultad del Ministerio Público de levantar dichas garantías en caso de incumplimiento, lo cual refleja la sujeción del poder ejecutivo al principio de legalidad.
Entre las recomendaciones clave del CNDH destaca la creación de un portavoz oficial del Ministerio Público para facilitar el acceso público a la información, respetando la confidencialidad de las investigaciones y la presunción de inocencia. Se busca un equilibrio entre transparencia y justicia. También se aboga por mantener la facultad del Ministerio Público para iniciar investigaciones y procesos judiciales en casos de delitos financieros, sin necesidad de denuncia previa de organismos de control, reforzando así su independencia e impidiendo obstrucciones administrativas.
El CNDH basa sus observaciones en las garantías de un juicio justo como fundamento de la legitimidad procesal. Bouayach recalcó que estas garantías, además de su función protectora, reflejan una visión filosófica de la justicia basada en el reconocimiento mutuo de derechos y deberes, buscando un equilibrio que trasciende lo puramente jurídico, incorporando una dimensión de derechos relacionada con la forma en que las partes presentan sus argumentos.
En este sentido, se propone permitir a los sospechosos contactar a sus abogados desde el momento de su detención, asegurar su presencia efectiva en los interrogatorios, y permitir aplazamientos razonables para el ejercicio efectivo del derecho a la defensa. La defensa debería poder examinar el expediente policial. Se sugiere, además, reducir los plazos de detención preventiva en casos excepcionales.
Otro principio fundamental es la igualdad de las partes, garantía primordial de la independencia e imparcialidad judicial. El CNDH aboga por que la defensa ejerza sus derechos en igualdad de condiciones con la acusación, garantizando la presencia de un abogado desde la detención, con la posibilidad de aplazar el interrogatorio hasta su presencia, y asegurando la confidencialidad de las comunicaciones entre el sospechoso y su defensa bajo supervisión judicial. La defensa también debería poder consultar el expediente policial remitido al Ministerio Público.
El CNDH también ha considerado las barreras de acceso a la justicia para grupos vulnerables como personas con discapacidad, mujeres, niños y migrantes. Bouayach concluyó afirmando que el procedimiento penal no es solo un instrumento procesal, sino un reflejo de la percepción social de la autoridad, sus límites, su sujeción a la ley, la consagración de la legitimidad constitucional y la sujeción de los procedimientos a estrictas normas jurídicas.
El presidente de la Comisión de Justicia, Said Baaziz, destacó la importancia de esta reunión, la tercera de una serie con instituciones constitucionales para clarificar el proyecto de ley. Baaziz resaltó la cooperación interinstitucional y anticipó que las enmiendas parlamentarias se basarán en gran medida en las recomendaciones del CNDH, contribuyendo a la mejora de la labor legislativa. El CNDH ha presentado 79 recomendaciones específicas y 24 generales, algunas para su incorporación directa al proyecto de ley y otras para su implementación práctica en el ámbito judicial y administrativo.
24/04/2025
