La reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de suspender temporalmente las deportaciones de migrantes bajo la antigua Ley de Enemigos Extranjeros marca un nuevo episodio en el tenso pulso entre el presidente Donald Trump y las instituciones judiciales del país norteamericano. La norma, que data de 1798 y fue concebida para contextos de guerra, ha sido invocada por la Administración Trump para justificar la expulsión inmediata de migrantes acusados de pertenecer a grupos criminales como el Tren de Aragua, sin respetar los protocolos migratorios vigentes ni el derecho a defensa de los implicados.
La aplicación de esta ley ha provocado una tormenta judicial y política. Utilizada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial para internar a ciudadanos estadounidenses de origen japonés, su reactivación ha encendido las alarmas entre defensores de derechos humanos y juristas, quienes denuncian que se trata de un abuso de poder para esquivar las salvaguardas legales. La Corte Suprema, con una orden breve pero contundente, ha exigido al gobierno abstenerse de proceder con las expulsiones hasta nuevo aviso, generando fricciones internas incluso entre los propios magistrados.
Este nuevo choque institucional refleja una vez más la estrategia de Trump de forzar los márgenes legales de EE.UU. con tal de imponer una política migratoria de mano dura. La situación en el centro de detención de Bluebonnet, Texas, donde se encuentran los migrantes afectados, demuestra cómo se ha intentado acelerar su traslado a una prisión de máxima seguridad en El Salvador sin permitir una apelación adecuada. El caso de Kilmar Abrego, deportado por error y ahora recluido en el polémico penal CECOT, ha encendido aún más las críticas contra una práctica que algunos consideran “extrajudicial”.
El origen de esta crisis se remonta a una primera orden judicial federal que intentó frenar las expulsiones sumarias, pero fue revocada por el propio Supremo. Sin embargo, el proceso judicial sigue en desarrollo, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito debe pronunciarse y el máximo tribunal exige ahora una respuesta oficial del gobierno a la apelación de emergencia. En este contexto, organizaciones como la ACLU han denunciado que los migrantes apenas reciben 24 horas de notificación antes de su deportación, sin posibilidad real de defensa, lo que vulnera los principios constitucionales más básicos.
Más allá del caso puntual, esta controversia pone en evidencia la tensión entre la seguridad nacional, el uso excepcional de leyes arcaicas y el respeto a los derechos humanos. La pausa impuesta por el Supremo representa un freno al unilateralismo jurídico del líder republicano, pero también abre un debate sobre hasta dónde puede llegar el poder ejecutivo en nombre del combate al crimen organizado. En el trasfondo, se libra una batalla más amplia por el alma del sistema judicial estadounidense y su capacidad de resistir frente a los embates de una política migratoria cada vez más radicalizada.
19/04/2025
