
La Fiscalía de Ceuta ha solicitado una inhabilitación de 12 años contra la exdelegada del Gobierno y vicepresidenta de la ciudad por la devolución de 55 menores marroquíes a su país en agosto de 2021.
Según la prensa española, esta prohibición supone no poder ocupar un cargo electivo o gubernamental. Ante esta sentencia, la fiscalía pidió retirar a los dos funcionarios “los honores asociados a sus funciones” y que se suspendiera su derecho al voto.
La acusación, en su alegato, considera que Salvadora Mateos, destituida el pasado 31 de octubre, y la vicepresidenta Mabel Deu cometieron un delito de prevaricación administrativa al realizar la restitución de menores, sabiendo que esta decisión no respetaba la legislación. “Aunque no se informó de ninguna responsabilidad por parte del Ministerio del Interior, la operación fue facilitada y alentada por el departamento de Fernando Grande-Marlaska mientras la propia exdelegada declaraba que seguía las órdenes de Madrid”, se agrega.
El día del asalto, Mateos entabló entonces varias conversaciones con el Ministerio del Interior y la delegación del Gobierno antes de planificar el retorno de 145 menores en base a un acuerdo con Marruecos en 2007. Del 13 al 16 de enero, la delegación y la vicepresidenta presidencia devolvió a 55 menores antes de que los tribunales suspendieran la medida.
La fiscalía sostiene que la devolución de estos adolescentes se produjo “sin seguir el procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico vigente y, en consecuencia, sin verificar la concordancia de los presupuestos legales que lo permitirían”. La delegación y el gobierno de Ceuta defienden que el acuerdo con Marruecos autoriza legalmente su actuación.
23-12-2022