30-10-2021
La decisión del tribunal de la Unión Europea de cancelar dos acuerdos de libre comercio entre Rabat y Bruselas «es nada menos que un insulto al derecho internacional», dijo el analista político Samir Bennis en las columnas de la revista panafricana «Jeune Afrique».
El 29 de septiembre, respondiendo a un recurso interpuesto por el Frente Polisario, la justicia europea decidió anular dos acuerdos comerciales entre Marruecos y la UE, que entraron en vigor dos años antes. El primero se refería a la aplicación de aranceles preferenciales a los productos agrícolas de Marruecos. El segundo, relativo a la pesca.
En su decreto, los jueces europeos consideraron que el «pueblo saharaui» tiene derecho «a ser consultado cuando un acuerdo comercial afecte al territorio en el que se encuentra».
“Al plantear este argumento para justificar su decisión, la corte europea, voluntaria o no, se ha colocado en el terreno político, pisoteando, al mismo tiempo, los principios del derecho internacional”, afirma Samir Bennis en un análisis bajo el título «Acuerdos Marruecos-UE: cuando la justicia europea desprecia el derecho internacional».
“Cabe señalar que este tribunal no tiene jurisdicción para pronunciarse sobre disputas entre la UE y un tercer estado, es decir, un Estado que no forma parte de la institución. Tales controversias son de la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que solo puede intervenir en conflictos entre dos Estados – o un Estado contra una organización internacional o regional -, siempre que, no obstante, las partes interesadas lo hagan expresamente. ”, argumenta el autor del análisis, para quien «es evidente que el Tribunal Europeo no sólo se ha extralimitado en sus prerrogativas al interferir en las de la Corte Internacional de Justicia, sino que, lo que es más importante, se ha puesto en entredicho con la jurisprudencia de la Corte y, más en general, con el derecho internacional».
“Por no ser sujeto de derecho internacional, es decir una entidad con atributos de Estado, el Polisario «no tiene personalidad jurídica que le permita interponer recurso ante los tribunales de la UE», añade el experto.
Además, prosigue el politólogo, «el argumento según el Polisario sería representante del «pueblo del Sáhara «- y por tanto tendría la «capacidad de actuar ante el juez de la Unión»- está significativamente en contradicción con la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, “aplicable a los Estados y solo a ellos”.
Al argumentar que el Polisario es el «representante de los saharauis», la justicia europea también sugiere que solo aquellos que están instalados en los campamentos de Tinduf son considerados saharauis. Lo cual, por supuesto, está muy lejos de la realidad. No es la primera vez que sale a la luz tal implicación”, dice el autor del análisis.
Según el experto, “al sugerir que los saharauis que viven en los campamentos de Tinduf son los únicos autorizados a dar su consentimiento para la explotación de los recursos del Sáhara, el tribunal europeo niega a la mayoría de los saharauis, que viven en las regiones de Dajla y El Aaiún bajo soberanía marroquí, el derecho a ser considerados saharauis originarios del Sáhara y el derecho a reclamarlo”.
Además, asegura, «en los campamentos de Tinduf, muchos ya no tienen fe en el Polisario. Mientras que algunos culpan a los separatistas de la corrupción endémica y la apropiación indebida de la ayuda humanitaria destinada a los refugiados, otros simplemente ya no confían en su capacidad para acabar el sufrimiento de los saharauis”.
«El lenguaje adoptado por el tribunal europeo en la sentencia de su veredicto (…) no está en consonancia con el del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), único órgano facultado para pronunciarse sobre el conflicto del Sáhara».
«A diferencia de la ONU que evoca un proceso destinado a llegar a una solución política, el veredicto menciona varias veces una autodeterminación sinónimo de independencia. Para quien se tome el tiempo de leer las resoluciones del Consejo de Seguridad desde abril de 2007, así como en los últimos informes del Secretario General de la ONU, ahora es más que obvio que el proceso de búsqueda de una solución de la ONU excluye cualquier idea de un referéndum de independencia y, en cambio, enfatiza la necesidad de una política de solución realista”, dice el autor del análisis.
“Al plantear mal la ecuación del conflicto del Sáhara, al simplificar en exceso las complejidades históricas y sociales para llegar a un veredicto político y erróneo, la corte europea se alinea con las posiciones de aquellos cuya postura doctrinal de salvadores del mítico pueblo saharaui alimenta la ilusión de independencia y perpetúa así el estancamiento diplomático y la tragedia social que se deriva de él”.