15-09-2021
Unos 120 personas con movilidad reducida (PMR) se presentaron como candidatos en las elecciones generales del 8 de septiembre, más del triple de las candidaturas (36) presentadas en las elecciones legislativas de 2016, señaló el Colectivo para la Promoción de los Derechos Humanos.
Al presentar el martes en Rabat un informe sobre la accesibilidad de los colegios electorales para los PMR, el secretario general del Colectivo Abdelmajid Makni precisó que se trata sólo del 1,76% del total de candidaturas, de las cuales el 13% son mujeres.
Estos son 22 de los 32 partidos políticos que participan en estos eventos que apostaron por las personas con discapacidad durante la carrera electoral, dijo, señalando que 12 candidatos de esta franja social obtuvieron escaños.
Al señalar la necesidad de establecer una infraestructura dedicada a las personas con discapacidades, particularmente en las escuelas, Makni dijo que el desarrollo de dicha infraestructura es una palanca innegable para promover la educación integrada y facilitar a las personas con discapacidades el cumplimiento de su deber nacional.
El acceso al voto de las personas con discapacidad es una de las barreras para la participación electoral de los PMR, revela el informe. Así, los colegios electorales no ofrecen papeletas en alfabeto braille para beneficio de ciegos, el 92% de los colegios no cuentan con pictogramas que faciliten la operación de votación para personas con discapacidad intelectual, mientras que el 76,6% de las oficinas no reserva plazas de aparcamiento para ellos.
El colectivo pide el establecimiento, en el futuro, de cabinas de votación aptas para personas en silla de ruedas, señalando que en el 50,5% de los casos, las cabinas de votación no son lo suficientemente anchas y su altura inadecuada.
La Ley Fundamental otorga al tema de la discapacidad un lugar importante en términos de prevención de la discriminación basada en la discapacidad y constitucionalización de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales de las personas con discapacidad.
De hecho, el preámbulo de la Constitución pide «prohibir y combatir cualquier discriminación contra cualquier persona, por motivos de sexo, color, creencias, cultura, origen social o regional, idioma, discapacidad o cualquier circunstancia personal». Asimismo, el artículo 34 establece que los poderes públicos están llamados a desarrollar e implementar políticas destinadas a personas y categorías con necesidades específicas y a rehabilitar e integrar a la vida social y civil a las personas con discapacidad física, sensoriomotora y psíquica y facilitar su disfrute de los derechos y libertades reconocidas globalmente.
