10-06-2021
El abogado español Antonio Urdiales ha interpuesto una nueva denuncia en relación al caso Brahim Ghali, informa La Razón. El penalista acusa a funcionarios del Ministerio de Exteriores y de la base militar de Zaragoza de «falsificación de documentos, uso de pasaportes falsos y prevaricación».
El Gobierno de coalición de izquierda también está en el foco del abogado. Le reprocha haber autorizado la entrada del jefe del Polisario en España mediante «acciones delictivas». «Los verdaderos responsables de estos hechos nunca podrán invocar la ayuda humanitaria como causa de exención de responsabilidad penal», afirma el abogado.
Y para explicar que Brahim Ghali «no es un inmigrante irregular asistido en la frontera por funcionarios españoles por razones humanitarias, sino un presunto genocida conocido internacionalmente (…) Los funcionarios españoles son plenamente conscientes de la situación procesal de Ghali en la Audiencia Nationale», explica.
Para la acusación, hay pruebas suficientes de que “la entrada de Ghali en España y su posterior traslado a Logroño fueron el resultado de un acuerdo previo entre él, sus compañeros y las autoridades españolas o entre las autoridades españolas y argelinas”. “Argelia y España se prepararon con mucha antelación para su traslado presentándolo como un inmigrante pobre necesitado de ayuda humanitaria, garantizando así la irresponsabilidad criminal de los autores y cómplices”.
Desde el inicio de este asunto, la ministra Arancha González ha dicho repetidamente que su Gobierno ha aceptado recibir a Brahim Ghali por «razones humanitarias». Justificaciones que el abogado Antonio Urdiales califica de «sesgadas».
En el mismo sentido, el mismo periódico español informa que la Guardia Civil ha comunicado a un juez de Zaragoza que no tiene datos de cómo entró el jefe polisario Brahim Ghali en España, al hacerlo por la base militar de Zaragoza, que es competencia del Ministerio de Defensa.
Oficialmente se ha dicho que utilizó un pasaporte diplomático argelino aunque lo cierto es que, al ingresar en un hospital de Logroño, lo hizo con una identidad falsa, lo que ha suscitado dudas sobre los documentos que en realidad utilizó y ha motivado una serie de iniciativas jurídicas, concluye la misma fuente.
