28-05-2021
Varios abogados argelinos que participaron activamente en la defensa de los presos de conciencia denunciaron enérgicamente las repetidas «violaciones» de los derechos humanos en Argelia, en el período previo a las elecciones legislativas del 12 de junio.
“El régimen ha intensificado su política represiva contra el hirak (movimiento popular de protesta). Recientemente hemos visto intentos de intimidación contra activistas que son el corazón palpitante del hirak. Todos debemos denunciar estas prácticas que constituyen una deriva”, indicaron en una rueda de prensa.
Según el abogado Abdeghani Badi, “la justicia está involucrada en la confiscación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, garantizados por la Constitución”.
«El hirak está criminalizado mientras está consagrado en la Constitución», denunció, recordando que 156 presos de conciencia siguen languideciendo en cárceles argelinas por actos relacionados con el hirak o con las libertades individuales.
El abogado destacó que los argelinos, que están atravesando un «proceso revolucionario», no necesitan acceder favorablemente a la solicitud del Ministerio del Interior que impuso una declaración para autorizar las marchas en Argel.
Por su parte, el abogado Mustapha Bouchachi expresó su indignación por el continuo deterioro de la situación de los derechos humanos. Para él, “la opinión pública, la clase política, las asociaciones, los medios de comunicación y los sindicatos, deben estar informados de estas acciones y prácticas que movilizan todo un cuerpo de seguridad contra la ciudadanía”.
“Desde el 7 de mayo asistimos a invasiones peligrosas sistemáticas y programadas contra los argelinos, en Argel y en varias ciudades del país”, lamentó.
“La responsabilidad de estas detenciones, realizadas al margen de la ley, recae en la máxima autoridad estatal que instruye a la policía”, dijo.
«Hemos registrado graves violaciones de los derechos de los ciudadanos durante las últimas dos semanas», criticó, refiriéndose a las detenciones «arbitrarias» de ciudadanos, a veces en medio de la calle en Argel, mientras que los habitantes de Cabilia están casi prohibidos de ingresar a la capital, especialmente el día de las manifestaciones semanales.
“Las detenciones, realizadas por las fuerzas de seguridad, por orden del régimen, son ilegales (…). El aparato judicial y de seguridad está al servicio de un régimen dictatorial”, denunció, señalando que “sólo el régimen es responsable” de esta situación.
Por último, la abogada Nabila Smaïl habló de “graves violaciones” de los derechos fundamentales y las libertades colectivas e individuales de los argelinos.
