07-10-2020
El viernes 9 de octubre, el Parlamento abre su sesión de otoño del quinto año legislativo de la décima legislatura con una extensa agenda de proyectos de trascendencia económica y social.
El inicio de la legislatura de este año llega en un contexto marcado por la crisis sanitaria debido a la pandemia del Covid-19 y sus consecuencias en todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. Una constatación que exige que la institución legislativa interactúe con las exigencias económicas y sociales de esta delicada etapa mediante la búsqueda de soluciones realistas y operativas.
El próximo año legislativo será excepcional ya que prevé reuniones electorales para la renovación de los miembros de todas las instituciones electas nacionales, locales, regionales y profesionales. La preparación de estos plazos estuvo marcada por la realización de reuniones entre el Ministerio del Interior y los líderes y representantes de los partidos, estén o no representados en el parlamento, para discutir los medios para lograr con éxito las elecciones del 2021, y convertirlo en una oportunidad para avanzar en las reformas y el proceso democrático.
En este sentido, la reforma del código electoral requiere una gestión óptima y la racionalización del calendario legislativo para preparar oportunamente el arsenal y el sistema legal electoral.
Además de las leyes electorales, el parlamento deberá debatir y aprobar el proyecto de ley de finanzas 2021, que constituye un paso anual imprescindible que va más allá del aspecto legal para adquirir una dimensión política. Es una oportunidad para que los grupos y agrupaciones parlamentarias defiendan y expresen sus posiciones sobre muchos temas de actualidad.
Sin duda, este proyecto debe atraer una gran atención por parte de los diversos actores y de la opinión pública dadas las circunstancias específicas que enfrenta el país en el contexto de la pandemia. Evidentemente, se estructurará en torno a las tres grandes prioridades definidas en el Discurso del Trono: generalización de la cobertura social, reforma administrativa y recuperación económica.
Entre estas prioridades se encuentra la cobertura social como un expediente de reforma con fuerte impacto social que requiere cambios radicales en la gestión del sistema de protección social, especialmente por tratarse de un proyecto a implementar gradualmente durante los próximos cinco años 2021-2025.
Además, los parlamentarios deberán considerar un conjunto de proyectos de ley de capital importancia, como el proyecto de ley 10.16 que modifica y complementa el Código Penal que se viene arrastrando desde su presentación en 2016 a la Comisión de justicia, derecho y derechos humanos en la Cámara de Representantes.
Las opiniones sobre las razones de este retraso difieren entre quienes lo atribuyen a desacuerdos sobre algunos artículos del proyecto, en particular la cuestión del enriquecimiento ilícito, y quienes consideran que tal retraso es natural por tratarse de un texto de derecho fundamental y que sería oportuno tomarse el tiempo necesario para avanzar hacia los arreglos. De ahí que la Comisión de Justicia haya fijado el 4 de septiembre como fecha límite para presentar propuestas de enmienda al proyecto de Código Penal.
Entre los otros textos legislativos que generan debates incluso antes de ser discutidos en el parlamento, se encuentra el proyecto de Ley Orgánica No. 97.15 que establece las condiciones y modalidades para el ejercicio del derecho de huelga.
La reunión de la comisión de los sectores sociales en la Cámara de Representantes ha sido, en efecto, marcada, el 16 de septiembre, mediante intensos debates entre los miembros de la comisión y el ministro de Empleo e Inserción Profesional en un contexto de aplazamiento de la presentación de este proyecto que estaba previsto el mismo día.
Además, en respuesta a preguntas de los diputados sobre el aplazamiento de la discusión en comisión de este texto, que forma parte de las leyes orgánicas estipuladas en la Constitución de 2011, el ministro afirmó que el aplazamiento de los debates relacionados se decidió bajo petición de sindicatos que han expresado el deseo de hacer más observaciones y, al mismo tiempo, sobre la determinación del ejecutivo de completar este proyecto.
La agenda legislativa del Parlamento incluye también debates sobre el proyecto de ley n. 46.19 relativo a la Instancia Nacional de Probidad, Prevención y Lucha contra la Corrupción, y el proyecto de ley nº 06.20 sobre la disolución y liquidación de la Dirección de Comercialización y Exportación. A ello se agrega el proyecto de ley nº. 95.17 relativo al arbitraje y mediación convencional.
Además, una serie de propuestas legislativas presentadas se relacionan en particular con los temas relacionados con la pandemia del Coronavirus y sus consecuencias.
Con motivo de la clausura de la anterior sesión legislativa, el Presidente de la Cámara Habib El Malki destacó la importancia de las iniciativas legislativas de los miembros de la Cámara que habían presentado desde el comienzo de la legislatura anterior un total de 219 propuestas de ley, de las cuales sólo 13 han recibido respuesta del Gobierno, mientras que se están examinando 200 proyectos de ley.
Esto significa que el hemiciclo tendrá que hacer frente a varios retos legislativos, lo que exige esfuerzos concertados y un espíritu de compromiso de todos sus componentes, al tiempo que se establecen la responsabilidad y la transparencia como principios de acción para que estén a la altura de las expectativas.
