La tensión diplomática entre Israel y España ha escalado este lunes a niveles sin precedentes, transformándose en una abierta y corrosiva confrontación verbal y de medidas punitivas. En un movimiento que dinamita cualquier resto de cordialidad, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha lanzado una acusación lapidaria contra el Gobierno español, calificándolo de «antisemita» y «corrupto». La declaración viene acompañada de una medida concreta y simbólica: la prohibición de entrada a Israel para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
Este virulento estallido israelí es una respuesta directa e inmediata a la postura cada vez más frontal y explícita del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre la ofensiva en Gaza. Horas antes, Sánchez había anunciado un paquete de «nueve medidas contra el genocidio» en la Franja, consolidando la posición de España como una de las voces más críticas dentro de la Unión Europea. Entre estas acciones destacaba la «aprobación urgente» de un decreto ley para blindar el embargo de armas a Israel, una medida de calado que busca transformar la condena retórica en una acción tangible.
La retórica de Sánchez ha cruzado lo que, para Israel, parece ser una línea roja inaceptable. El presidente español ha reiterado una y otra vez que «lo de Israel no es defenderse, eso es exterminar a un pueblo que está indefenso», estableciendo una clara distinción moral: «El Gobierno cree que una cosa es proteger tu país y otra bombardear a hospitales o matar de hambre». Esta narrativa, que utiliza el término «genocidio» de forma recurrente y sin ambages, es la piedra angular de la creciente brecha entre Madrid y Jerusalén.
La prohibición de entrada a ministras españolas no es solo un gesto de protesta; es una represalia directa que apunta al corazón de la coalición de gobierno en España, dado el perfil progresista y pro-palestino de Díaz y Rego. Este tipo de vetos de entrada son una herramienta diplomática rara y potente, indicando una ruptura casi total en la comunicación y el respeto mutuo.
Pero la escalada no es unilateral. España también ha puesto sobre la mesa su propia medida de prohibición. Entre las nueve acciones anunciadas, Sánchez incluyó la prohibición de acceder a España «a quienes participen en el genocidio». Esta medida, de implementación compleja y potencialmente sujeta a interpretaciones ambiguas, establece una especie de reciprocidad en la diplomacia de los vetos, elevando la apuesta y señalando una voluntad de no ceder ante la presión israelí.
La acusación de «antisemitismo» por parte de Israel es una herramienta retórica poderosa, que busca deslegitimar cualquier crítica a sus acciones calificándola de prejuicio histórico. Sin embargo, en el contexto actual, su uso contra un gobierno democrático europeo que basa su postura en la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional, podría ser percibido por muchos como un intento de silenciar la disidencia.
La fractura entre España e Israel es ya profunda. Lo que comenzó como una discrepancia en la interpretación del conflicto de Gaza ha evolucionado hacia un abismo moral y político, con acusaciones mutuas de la más alta gravedad. Este pulso no solo tendrá repercusiones en las relaciones bilaterales, sino que también posiciona a España como una voz disonante y, para algunos, valiente, en el seno de una Europa a menudo dividida y cautelosa ante el conflicto israelí-palestino. La cuestión ahora es si este enfrentamiento directo sentará un precedente o si se mantendrá como un episodio aislado de una diplomacia en colapso.
08/09/2025
