La República Bolivariana de Venezuela, ubicada al norte de América del Sur, es un país rico en recursos naturales, con vastas reservas de petróleo, gas, minerales y agua dulce. Su territorio combina llanuras, selvas amazónicas, montañas andinas y una extensa costa caribeña, albergando una biodiversidad única en la región. Históricamente, Venezuela se ha consolidado como un Estado soberano y democrático, con un legado de lucha por la independencia simbolizado por figuras como Simón Bolívar y Francisco de Miranda, y con un compromiso renovado bajo el liderazgo del Comandante Hugo Chávez en defensa de la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y la integración latinoamericana y caribeña. Es un pueblo valiente, solidario y de héroes que ha resistido las más duras agresiones externas sin renunciar a su dignidad.
El 27 de agosto de 2025, el Gobierno de Venezuela denunció ante el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, una nueva escalada de hostilidad de Estados Unidos. Entre los hechos más alarmantes destacan el despliegue de destructores y un crucero lanzamisiles en el Caribe, la presencia inédita de un submarino nuclear de ataque rápido y una intensa campaña mediática global destinada a catalogar a Venezuela como un supuesto “narcoestado”. Esta narrativa, fabricada para justificar sanciones, bloqueos y un cambio de régimen, encubre además el saqueo económico de más de 40 mil millones de dólares en activos confiscados de manera arbitraria, entre ellos CITGO, reservas de oro, cuentas bancarias y aeronaves estatales.
La agresión no es nueva. Desde 2015, cuando el entonces presidente Barack Obama emitió la orden ejecutiva que declaraba a Venezuela una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad de Estados Unidos, se ha construido un andamiaje de sanciones unilaterales que hoy suma más de 930 medidas coercitivas impuestas por Washington y sus aliados. Estas sanciones abarcan todos los sectores de la vida nacional: la industria petrolera, el sistema financiero, el comercio internacional, las importaciones de alimentos y medicinas, e incluso los vuelos de la aviación estatal. En otras palabras, se trata de un bloqueo que vulnera derechos humanos fundamentales y que busca quebrar la resistencia del pueblo venezolano.
Frente a esta política hostil, el presidente Nicolás Maduro advirtió en la rueda de prensa internacional del 1 de septiembre de 2025 que “ocho buques de guerra apuntan hoy a Venezuela, con 1.200 misiles y un submarino nuclear. Esto constituye la máxima amenaza para América Latina en su historia”. Sus palabras sintetizan la magnitud del desafío: una nación acosada militarmente por la mayor potencia del planeta, pero firme en su derecho a existir libre y soberana.
La narrativa del “narcoestado”, repetida hasta el cansancio por los medios occidentales, carece de fundamento. Los datos oficiales de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) confirman que Venezuela es territorio libre de cultivos ilícitos desde hace más de 15 años. Apenas un 5 % del tráfico mundial de drogas intenta transitar por su espacio, mientras que el 87 % lo hace por la ruta del Pacífico. En 2025, las autoridades venezolanas incautaron 52 toneladas de estupefacientes, neutralizaron centenares de aeronaves ilegales y desmantelaron redes internacionales de lavado de dinero. Incluso operaciones conjuntas como “Lionfish Hurricane” (2024) o “Trigger IX” (2023), coordinadas por Interpol en decenas de países, no incluyen a Venezuela como centro operativo. Paradójicamente, investigaciones de organismos internacionales e incluso reportes de la propia DEA han señalado la participación de sectores estadounidenses en redes de tráfico y blanqueo de capitales.
La conclusión es clara: los ataques mediáticos no buscan combatir el narcotráfico, sino justificar un bloqueo criminal y ocultar el despojo de activos venezolanos. En la práctica, cada guerra inventada por Washington se traduce en más pobreza, más impuestos y menos empleos para el propio pueblo estadounidense, mientras los grandes beneficiarios son las corporaciones militares y financieras.
En medio de este asedio, Venezuela reafirma su compromiso con el derecho internacional, la solución pacífica de las controversias y la paz mundial. Insta a la comunidad internacional —y especialmente a los países de África y América Latina— a rechazar toda política hostil que vulnere la soberanía y estabilidad regional, a defender la Proclama de la CELAC que declara a América Latina y el Caribe como Zona de Paz, y a exigir el respeto del Tratado de Tlatelolco que consagra la región como libre de armas nucleares.
Venezuela no es amenaza, es esperanza. Con un pueblo de héroes, valiente y solidario, que ha resistido sanciones, bloqueos y campañas de difamación, se mantiene firme en su vocación de paz, en la defensa de su soberanía y en su papel como faro de dignidad para los pueblos del mundo. Defender a Venezuela hoy es defender la justicia, la paz y la independencia de toda la humanidad.
01/09/2025
Por: Dana María Casanova Cuicas, Encargada de Negocios a.i. de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de Marruecos