La Delegación General de la Administración Penitenciaria y de la Reinserción (DGAPR) desmintió este lunes informaciones difundidas en algunos portales digitales sobre la puesta en marcha de la Ley 43.22 relativa a las penas alternativas, señalando que tales publicaciones se basan en interpretaciones equivocadas y datos imprecisos.
En un comunicado, la DGAPR subrayó que, como institución responsable del seguimiento de la ejecución de dichas medidas, ya ha puesto en marcha acciones concretas tanto a nivel central como territorial. Entre ellas, destacó la movilización de recursos materiales y humanos, la asignación de funcionarios a los servicios encargados del control de estas penas y la organización de formaciones especializadas para garantizar su correcta aplicación.
En relación con la pena de vigilancia electrónica, la institución informó que se ha habilitado una plataforma nacional dentro de los plazos previstos y que los dispositivos de control, en este caso los brazaletes electrónicos, están disponibles y listos para su utilización en el marco del cumplimiento de las sentencias.
Por otra parte, la DGAPR explicó que la aplicación de otras modalidades de penas alternativas requiere un trabajo de coordinación con diferentes sectores, lo que implica un proceso más complejo. La coincidencia de la entrada en vigor de la nueva ley con el periodo estival, marcado por las vacaciones de varias administraciones, dificultó el arranque inmediato de la medida. No obstante, la Delegación ha mantenido reuniones con la mayoría de los departamentos implicados con el fin de establecer marcos de cooperación que definan claramente las responsabilidades compartidas.
De cara a los próximos días, la DGAPR anunció que intensificará las coordinaciones interinstitucionales para asegurar la plena aplicación de la Ley 43.22. Según concluye el comunicado, este esfuerzo permitirá avanzar hacia una implementación integral de todas las disposiciones previstas en materia de penas alternativas, consolidando así un nuevo enfoque en la gestión de la política penitenciaria en Marruecos.
25/08/2025
