A pocas horas de que entre en vigor la ley sobre penas alternativas y su decreto de aplicación, el Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ) ha dado un paso clave para garantizar su correcta implementación. La institución remitió una circular a los presidentes de las cortes de apelación, de los tribunales de primera instancia y a la Primera presidenta de la Corte de Casación, en la que fija directrices claras para asegurar un funcionamiento eficaz de este nuevo sistema, considerado como un hito en la modernización de la justicia marroquí.
Una justicia más humana y rehabilitadora
La circular, titulada “Garantizar la correcta aplicación de la ley sobre penas alternativas (n.º 43.22) y de su decreto de aplicación”, subraya la necesidad de designar un magistrado especializado en cada jurisdicción. Esta figura permitirá coordinar con los distintos actores, en particular con la administración penitenciaria, y velar por la buena ejecución de las sanciones.
El Consejo resalta que las resoluciones judiciales deben ser formuladas de manera clara y precisa, incluyendo tanto la pena privativa de libertad inicial como todos los detalles de la pena alternativa, su duración y sus condiciones de ejecución. Con ello se busca consolidar la seguridad jurídica y reforzar la confianza ciudadana en el sistema judicial.
Diversidad de medidas para reducir la presión carcelaria
El nuevo marco contempla varias modalidades, entre ellas, el trabajo en beneficio de la comunidad donde se especifican las tareas asignadas, la entidad receptora, la duración y un programa detallado de ejecución. También está la vigilancia electrónica, que establece el tipo de dispositivo, los domicilios autorizados, las restricciones de tiempo o espacio y la duración de la medida.
Por otro lado, están los llamados programas de control, cuidados o reinserción, que incluyen actividades profesionales, formativas o de tratamiento, así como programas de desintoxicación o asistencia psicológica, con un calendario claro y autoridades de seguimiento. Estas disposiciones no solo buscan ofrecer alternativas al encarcelamiento, sino también reforzar el carácter educativo y social de la sanción.
Garantías procesales y fortalecimiento de la justicia
El CSPJ insiste en la importancia de respetar los plazos legales de ejecución, notificación y apelación, destacando que una buena gestión de los tiempos es parte esencial de las garantías que ofrece este sistema. El secretario general del Consejo recalcó que estas medidas “no limitan en absoluto la independencia de los magistrados, sino que contribuyen a elevar la calidad del trabajo judicial y a consolidar la confianza de la sociedad en la justicia”.
Objetivos de fondo: confianza y modernización
La introducción de las penas alternativas responde a tres grandes metas. Por una parte, procura reducir la sobrepoblación carcelaria, uno de los desafíos históricos de la administración penitenciaria, además de reforzar la dimensión rehabilitadora de las sanciones, con un enfoque que privilegia la reinserción social sobre la simple reclusión. Y por otra parte, pretende modernizar el sistema judicial marroquí, alineándolo con las mejores prácticas internacionales en materia de justicia penal.
Con esta reforma, Marruecos da un paso firme hacia un modelo judicial más humano, eficiente y cercano a la sociedad, en el que la justicia deja de centrarse únicamente en el castigo para convertirse también en un motor de reinserción y cohesión social.
20/08/2025
