Cinco años después de la devastadora explosión en el puerto de Beirut, que dejó más de 200 muertos y más de 6.500 heridos, el Líbano sigue exigiendo respuestas y justicia. Este domingo, el primer ministro Nawaf Salam encabezó un homenaje en el lugar del desastre para inaugurar la calle ‘Víctimas del 4 de agosto’, acompañado por autoridades, sobrevivientes y familiares de los fallecidos. Durante el acto, Salam subrayó que esclarecer lo ocurrido y juzgar a los responsables “no es una demanda personal, sino una causa nacional”, insistiendo en que sin justicia no puede haber un Estado de derecho.
La investigación judicial, paralizada durante casi tres años por presiones de altos cargos implicados, sigue sin ofrecer conclusiones claras. Numerosas organizaciones han denunciado los obstáculos y dilaciones que han perpetuado la impunidad. La tragedia ocurrió el 4 de agosto de 2020, cuando a las 18:07 explotaron cientos de toneladas de nitrato de amonio almacenadas sin medidas de seguridad en el puerto desde hacía seis años. La onda expansiva destruyó barrios enteros, se convirtió en la mayor explosión no nuclear registrada en la historia moderna y dejó escenas de devastación en toda la ciudad.
Entre los primeros en morir estuvieron diez bomberos que habían acudido a sofocar el incendio inicial. La explosión acabó con la vida de Alexandra, de solo tres años, mientras jugaba en su casa, a escasos 800 metros del puerto. Su padre, Paul Naggear, responsabilizó al Estado libanés por la corrupción y negligencia que permitieron almacenar toneladas de material explosivo junto a zonas residenciales. El cargamento, con destino original a Mozambique, quedó abandonado en Beirut por problemas técnicos. A lo largo de seis años, diferentes autoridades fueron advertidas de su peligrosidad, pero ninguna tomó medidas para retirarlo o protegerlo. “Esto no fue un accidente, sino una cadena de negligencias”, repiten los familiares de las víctimas.
A cinco años del desastre, la Asociación de Familias de las Víctimas sigue reclamando justicia. Denuncia que el proceso ha sido entorpecido por presiones políticas y amenazas contra jueces, y que solo recientemente, tras el nombramiento de un nuevo fiscal, la investigación ha comenzado a avanzar de nuevo.
Las familias han tenido que movilizarse en las calles y sostener la presión pública durante años, aunque, como señalan, “la justicia debería haber llegado sola”.
04/08/2025
