Tras más de un año y nueve meses de guerra en la Franja de Gaza, que ha dejado más de 55.000 muertos y ha suscitado acusaciones de genocidio por parte de organismos internacionales como Naciones Unidas y una proceso abierto en la Corte Penal Internacional, la Unión Europea se enfrenta finalmente al debate formal sobre posibles sanciones a Israel. La discusión, que tendrá lugar esta tercera semana de julio en el Consejo de Asuntos Exteriores, llega impulsada principalmente por la presión diplomática sostenida de España, uno de los países más activos en exigir una revisión profunda del Acuerdo de Asociación UE-Israel.
La alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha puesto sobre la mesa un documento que enumera diez medidas posibles, diseñadas tanto para actuar colectivamente como para permitir acciones unilaterales por parte de los Estados miembros. Las propuestas destacan por su distinto alcance y viabilidad jurídica. Por ejemplo, se plantea desde suspender la exención de visados para ciudadanos israelíes en viajes de corta duración a Europa, así como prohibir las importaciones procedentes de asentamientos ilegales en territorio palestino. Otras propuestas incluyen excluir a Israel de programas clave de cooperación científica y educativa como Horizon Europe y Erasmus+, bloquear su participación en acuerdos de aviación civil, o congelar cualquier nuevo memorando de entendimiento técnico. Aunque la suspensión total del Acuerdo de Asociación sería el castigo más severo, requeriría unanimidad entre los 27 Estados miembros, algo que por ahora parece improbable. En cambio, medidas como la retirada de ventajas comerciales podrían adoptarse por mayoría cualificada, lo que abre una vía más factible para una respuesta coordinada sin restarle la complejidad de su ejecución inmediata.
En ese sentido, el trasfondo económico de este debate no es menor. Cabe recordar que el Acuerdo de Asociación UE-Israel ha permitido, entre otros aspectos, un trato comercial preferencial a productos israelíes, acceso a fondos europeos en investigación y tecnología, así como colaboración en aviación civil y programas educativos. Suspender o alterar estos beneficios implica un rediseño de las relaciones económicas con uno de los principales socios exteriores de la UE en Oriente Medio. A pesar de ello, países como Irlanda, Bélgica y España consideran que la situación en Gaza constituye una violación flagrante de las cláusulas de respeto a los derechos humanos incluidas en el acuerdo.
España, además, ha iniciado una reflexión interna sobre la posibilidad de romper completamente sus vínculos bilaterales con Israel, lo que incluye suspender misiones diplomáticas, comercio e inversión. Aunque esta posición no representa al conjunto de la UE, ha servido como catalizador para abrir un debate antes considerado tabú. El actual contexto donde las acciones israelíes son objeto cada vez de más crítica y están bajo el creciente escrutinio judicial y mediático, ha obligado a varios Estados miembros a reconsiderar su silencio diplomático.
Sin embargo, países como Alemania, Hungría, República Checa e Italia han mostrado reticencias a apoyar sanciones, apelando a la necesidad de dar margen a un reciente acuerdo humanitario negociado con Tel Aviv. Este acuerdo prevé mejoras en el acceso de ayuda a Gaza, incluyendo la apertura del paso fronterizo de Zikim y una mayor participación de la ONU en la gestión de asistencia. Para algunos diplomáticos, los avances en su implementación podrían servir de argumento para frenar medidas punitivas.
Mientras tanto, los ataques sobre Gaza continúan y las organizaciones humanitarias independientes denuncian la imposibilidad de actuar sin interferencia militar. El dilema de la UE es actuar para mantener su credibilidad en derechos humanos o preservar su influencia política sobre Israel como socio estratégico. La reunión de esta semana será crucial para definir si Europa transforma su postura en acciones concretas o si prolonga su inercia diplomática frente a uno de los conflictos bélicos y masacres humanas más graves del siglo XXI.
14/07/2025
María Angélica Carvajal
