Ginebra acogió este lunes un paso significativo en el cruce entre integridad pública y derechos humanos: el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) aprobó por consenso una resolución impulsada por Marruecos que reconoce el impacto negativo de la corrupción sobre el pleno disfrute de los derechos fundamentales.
La propuesta, presentada en nombre de un grupo reducido de países que incluye a Argentina, Austria, Brasil, Ecuador, Etiopía, Indonesia, Polonia y el Reino Unido, subraya la urgencia de integrar un enfoque basado en los derechos humanos en todas las políticas de lucha contra la corrupción. La iniciativa, liderada diplomáticamente por el embajador marroquí ante la ONU en Ginebra, Omar Zniber, pone de manifiesto el papel activo del Reino en los debates globales sobre gobernanza y transparencia.
La corrupción como amenaza estructural a los derechos fundamentales
Al presentar el texto, Zniber advirtió que “la corrupción es una amenaza profunda para la esencia misma de nuestras sociedades”. Según el diplomático, obstaculiza el acceso a servicios esenciales, erosiona la confianza institucional, incrementa las desigualdades y genera un entorno propicio para violaciones graves de derechos humanos. Estos efectos, si bien conocidos, adquieren ahora mayor relevancia jurídica y política con esta resolución que vincula de forma directa la lucha contra la corrupción con la defensa de los derechos fundamentales.
La resolución responde, además, a un proceso iniciado hace una década por el Comité consultivo del Consejo, que desde 2015 viene analizando la dimensión estructural de la corrupción. El texto adoptado en esta 59ª sesión del CDH –que se desarrolla hasta el 9 de julio– encarga al Comité un nuevo estudio sobre las obligaciones legales de los Estados, tanto de forma procesal como sustantiva, en contextos de lucha anticorrupción.
Una apuesta coherente con la agenda interna de Marruecos
Lejos de limitarse a la escena internacional, Marruecos ha tratado de articular esta visión en su propio proceso de reformas. Zniber recordó que la Constitución de 2011 situó la lucha contra la corrupción como una prioridad nacional. A partir de ese marco, se creó la Instancia Nacional de Probidad y se desarrollaron leyes que garantizan, entre otros elementos, el derecho al acceso a la información pública. Así, el Reino refuerza su legitimidad al liderar este tipo de iniciativas en la ONU.
Educación y cooperación multilateral: elementos clave
Otro de los ejes destacados en la resolución es el papel de la educación y la formación como herramientas preventivas. La iniciativa señala también el rol fundamental del entorno académico en la construcción de una cultura de transparencia, anticipándose a las prácticas corruptas desde una perspectiva de ciudadanía activa.
En esa misma línea, el texto llama a fortalecer la cooperación entre el Consejo de Derechos Humanos y otras entidades del sistema de Naciones Unidas, en particular la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC), en Viena. Se trata de articular mejor la implementación de la Convención de la ONU contra la Corrupción, de forma coherente con los compromisos adquiridos en foros globales como la IV Conferencia sobre Financiación del Desarrollo.
Zniber concluyó que esta resolución transmite un mensaje claro: “la lucha contra la corrupción no puede separarse de la promoción y protección de los derechos humanos”. Con este paso, Marruecos consolida su posición como actor promotor de un enfoque integral en los grandes desafíos globales de gobernanza y justicia.
08/07/2025
