A menos de una semana de su comparecencia clave en el Congreso español, el mandatario Pedro Sánchez enfrenta un doble cerco político que amenaza con erosionar aún más la estabilidad de su Gobierno, después de los casos de corrupción dados a conocer. Por un lado, sus propios aliados parlamentarios, desde Sumar hasta EH Bildu o Esquerra, han intensificado las exigencias de “medidas radicales” contra la corrupción tras el caso Koldo y Cerdán y la sombra alargada de la financiación irregular en el PSOE. Por otro, el Partido Popular percibe un momento propicio para presentar la situación como la antesala del final del “sanchismo” y redoblar su ofensiva discursiva.
La vicepresidenta de España, Yolanda Díaz fue contundente al advertir ante la prensa local que el PSOE está “absolutamente asentado en el inmovilismo” y que el tiempo de los gestos simbólicos ya se ha agotado. Sumar, que ha sostenido la mayoría de Sánchez, reclama “señales claras” de regeneración democrática y medidas concretas antes del Comité Federal socialista. Asimismo, Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, ha sentenciado que el Gobierno “no se puede sostener solo con la amenaza de que los otros son peores”, sugiriendo que el pegamento del bloque progresista comienza a desgastarse y que la campaña reciente de defensa bajo el argumento de «el otro más», aduciendo que el PP también acumula casos de corrupción y supuestamente en mayor cantidad.
No obstante, los avisos y advertencias son cada vez más frecuentes y de mayor nivel de exigencia política. Las formaciones que apoyaron la investidura de Sánchez, advierten que la estabilidad de la legislatura está en juego si el PSOE no actúa con más contundencia ante los casos de presunta corrupción. PODEMOS, por su parte, ha deslizado que Sánchez está “más preocupado por apagar el escándalo mediático que por dar soluciones”. La eurodiputada Irene Montero ha cuestionado abiertamente la capacidad del PSOE para liderar una regeneración creíble, abriendo un nuevo flanco en la relación interna del bloque de izquierdas.
Mientras tanto, el PNV, más cauto pero igual de vigilante, ha pedido un “discurso sincero” y aclaraciones que vayan más allá de unas disculpas. Su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, según publicaciones de RTVE, incluso advirtió que los nacionalistas vascos escucharán a Sánchez, pero no darán un cheque en blanco. Igualmente, el partido
Esquerra Republicana de Catalunya ha solicitado información detallada sobre los contratos públicos adjudicados en los últimos años, anticipando un clima de desconfianza que complica cualquier intento de reencauzar la legislatura.
A esto se suma que desde la oposición, el Partido Popular ha visto en este escenario un argumento perfecto para insistir en que España vive “una democracia secuestrada”. Miguel Tellado, recién designado secretario general del PP, calificó el Comité Federal socialista como un “comité funeral del sanchismo” y aseguró que el XXI Congreso de su partido marcará la cuenta atrás para la salida de Sánchez. Según Tellado, “cada vez más millones de españoles quieren un cambio político”, alimentando el relato de un ciclo político agotado.
El desgaste actual del Gobierno español se produce en un contexto de polarización creciente y de una legislatura que aún debería prolongarse dos años más. No obstante, la combinación de presiones externas e internas dibuja un escenario de inestabilidad, donde su líder, Pedro Sánchez se ve obligado a maniobrar entre socios cada vez más exigentes, desconfiados y una oposición convencida de que el relevo es una cuestión necesaria y a corto plazo.
Si bien, ninguno de los aliados de investidura ha dado el paso de retirar su apoyo al PSOE, se perfila en línea de debilitamiento y con la advertencia clara de que si no hay un giro de guion, la legislatura podría exigir un nuevo liderato.
03/07/2025
María Angélica Carvajal
