España atraviesa una seguidilla de filtraciones masivas de datos personales que afectan a las más altas esferas del poder político. En menos de diez días, tres brechas de seguridad han expuesto información sensible del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como de varios ministros, presidentes autonómicos, altos cargos del Parlamento y otras figuras públicas. Las investigaciones, dirigidas por la Audiencia Nacional y la Policía Nacional, ya han sido calificadas como casos de posible terrorismo informático, dada la escala y la intencionalidad que parecen desprenderse de los hechos.
En el caso del mandatario Pedro Sánchez, se han divulgado su Documento Nacional de Identidad (DNI), su fecha de nacimiento y la dirección de su domicilio particular. Aunque los medios locales aseguran que no se ha difundido su número de teléfono móvil, el acceso a este tipo de información representa un riesgo elevado en términos de seguridad personal e institucional. Esta filtración, incluida en un documento de unas 500 páginas publicado por los atacantes, lo sitúa en el centro de una ofensiva digital que también ha alcanzado a miembros de su gabinete, como los ministros Félix Bolaños, Fernando Grande-Marlaska y María Jesús Montero. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán, figuran igualmente entre los afectados.
Según la información difundida, los hechos apuntan a que los atacantes podrían haber empleado técnicas de recopilación de datos desde fuentes abiertas combinadas con brechas en sistemas digitales vulnerables. El resultado ha sido una exposición masiva en sitios de la «dark web» y en canales de Telegram utilizados habitualmente para campañas de doxeo, una práctica consistente en divulgar datos personales con fines de acoso o intimidación. Uno de los presuntos responsables actúa bajo el seudónimo «Akkaspace», ya identificado en filtraciones previas, quien incluso ha reivindicado el ataque en espacios públicos como la plataforma Twitch.
Estos casos evidencian el desafío de proteger a los líderes de gobierno en una era donde la información privada se ha convertido en un arma política. Si bien estas filtraciones no parecen tener motivaciones económicas directas, sino más bien que podrían ubicar en la línea de hostigamiento público y descrédito, aún más coincidiendo con el clima político polarizado que se vive en España este mes.
La Audiencia Nacional española, a través del juez Francisco de Jorge, ha asumido el caso, declarándolo bajo secreto de sumario. El objetivo inmediato es identificar la brecha original por la cual se accedió a esta información, así como trazar el origen del canal de Telegram desde donde se inició la difusión, que llegó a tener más de 92.000 seguidores. Esta labor se complica por el uso de identidades enmascaradas y por la posible dispersión internacional de los servidores utilizados para alojar o replicar los datos.
Más allá del impacto inmediato sobre los dirigentes señalados, este episodio plantea interrogantes sobre las capacidades defensivas del Estado frente a amenazas digitales sofisticadas. La repetición en tan corto intervalo de tiempo y la facilidad con la que los datos han sido diseminados en redes y espacios oscuros del ciberespacio revelan lagunas importantes en los sistemas de protección de información sensible.
27/06/2025
