La administración Trump, en un nuevo capítulo de su controvertida política migratoria, extiende su red de restricciones hacia África. Veinticinco países del continente se enfrentan a la posibilidad de un veto migratorio total o parcial desde Estados Unidos, según documentos internos del Departamento de Estado filtrados a la prensa y confirmados por agencias internacionales como Reuters. Este nuevo episodio, que se suma a las restricciones ya impuestas a principios de mes a varias naciones africanas, amenaza con desestabilizar las relaciones entre Washington y el continente, y reabre el debate sobre la discriminación y la seguridad nacional.
El pasado sábado 14 de junio, un documento firmado por el Secretario de Estado, Marco Rubio, fue enviado a las embajadas de los 36 países afectados –25 de ellos africanos–. El texto establece un plazo de 60 días para que estos países cumplan con una serie de exigencias de la administración Trump, so pena de enfrentarse a nuevas limitaciones de viaje, que podrían incluir la prohibición total de entrada a ciudadanos de estas naciones.
La justificación oficial, como en ocasiones anteriores, se escuda en la seguridad nacional. El gobierno estadounidense argumenta la falta de «documentos de identidad fiables», altos índices de «fraude administrativo» y la presencia de un número significativo de ciudadanos que «exceden el límite de sus visas» como razones para imponer estas medidas. Sin embargo, la opacidad en la presentación de pruebas y la generalización de estas acusaciones a todo un continente alimentan la sospecha de que se trata de una política discriminatoria con motivaciones políticas, más que de una genuina preocupación por la seguridad.
El impacto de estas posibles restricciones en los países africanos sería considerable. Muchos de ellos, incluyendo naciones clave como la República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Níger y Senegal, mantienen importantes lazos económicos y sociales con Estados Unidos. La medida podría afectar negativamente a la inversión extranjera, la cooperación al desarrollo, el intercambio académico y los flujos migratorios legales, perjudicando a ambos lados del Atlántico. Además, la lista incluye países como Angola, Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Camerún, Djibouti, Etiopía, Egipto, Gabón, Ghana, Liberia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Sudán del Sur, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue, lo que demuestra la amplitud y el potencial impacto disruptivo de esta política.
No es la primera vez que la administración Trump utiliza la seguridad nacional como pretexto para imponer restricciones migratorias. A principios de junio, doce países, incluyendo la República del Congo, Chad y Haití, fueron objeto de nuevas limitaciones. Togo y Burundi también se han visto afectados por medidas similares. La reiteración de esta estrategia, a pesar de las críticas generalizadas, sugiere una línea de acción deliberada por parte del gobierno estadounidense.
La comunidad internacional observa con atención este nuevo episodio, previendo una ola de críticas y controversias. Organizaciones de derechos humanos y defensores de la inmigración ya se preparan para denunciar lo que consideran una política discriminatoria e injusta. En los próximos días, se espera la respuesta de los países africanos afectados, que deberán decidir cómo responder a las exigencias de Washington en un contexto geopolítico cada vez más complejo. La sombra del veto se cierne sobre África, y el mundo espera con incertidumbre el desenlace de esta nueva crisis migratoria.
16/06/2025
