Ante una creciente tensión social y narrativa beligerante desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos ha intensificado su ofensiva contra los inmigrantes indocumentados mediante detenciones masivas, redadas en lugares de trabajo y la movilización sin precedentes de tropas federales. Apelando al lenguaje del conflicto, el mandatario estadounidense, Donald Trump, justifica estas acciones como una respuesta a una «invasión» que amenaza la seguridad nacional, equiparando la inmigración irregular con una forma de insurrección.
En esta lógica, la ciudad de Los Ángeles, epicentro de las protestas, ha sido intervenida con más de 4.000 miembros de la Guardia Nacional, 700 marines, y toque de queda, en una operación de despliegue militar interno superior incluso a la presencia estadounidense en Siria o Irak; medidas que lejos de reducir el miedo o aumentar la seguridad, han provocado un efecto paralizante en amplios sectores de la economía.
La retórica de guerra ha tenido consecuencias inmediatas: calles vacías, obras paralizadas, y restaurantes sin personal. En estados como California, epicentro de esta crisis, los migrantes forman parte estructural de sectores como la agricultura, la construcción y la restauración. Según el Pew Research Center, unos 8,3 millones de trabajadores indocumentados integran la fuerza laboral estadounidense, un 4,8 % del total nacional, con picos que alcanzan el 20 % en industrias clave como el procesamiento de alimentos o la producción agrícola.
Las redadas en sitios emblemáticos como Home Depot, donde tradicionalmente se congregan jornaleros en busca de trabajo, han desencadenado protestas públicas y encendido la alarma entre empleadores. Estas detenciones masivas, como la ocurrida en Westlake, Los Ángeles, donde agentes migratorios arrestaron a trabajadores fuera del establecimiento, no sólo atentan contra una población vulnerable, sino que desarticulan redes laborales que sustentan buena parte del tejido económico local. Empresas como Home Depot se han visto obligadas a desvincularse públicamente de los operativos, mientras que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, advertió en medios locales que “sectores completos de nuestra economía no funcionarán si la comunidad inmigrante tiene demasiado miedo de ir a trabajar”.
El peso económico de esta población, en su mayoría en edad productiva, no es menor. A pesar de su estatus irregular, los migrantes indocumentados pagan impuestos y contribuyen al sistema público. Según datos de 2023 del American Immigration Council, aportaron casi 90.000 millones de dólares al fisco. El Instituto sobre Impuestos y Política Económica calcula que en 2022 pagaron unos 96.700 millones de dólares, buena parte de los cuales financian programas sociales a los que, paradójicamente, no tienen acceso por su situación legal. Esta contribución silenciosa desmiente la narrativa oficial de que representan una carga económica.
Además, la represión ha puesto a muchos empresarios en una posición incómoda. El propio Trump admitió en redes sociales que su política migratoria agresiva está provocando escasez de mano de obra en sectores como el agrícola y el hotelero. Finqueros y contratistas han alertado sobre la imposibilidad de reemplazar a trabajadores con años de experiencia. “No vamos a tener los trabajadores necesarios para hacer este trabajo en la agricultura”, advierte un portavoz del gremio agrícola en CNN en español, lo que deja entrever que las consecuencias podrían afectar la capacidad del país para sostener su producción alimentaria.
Por otra parte, el enfrentamiento con estados como California, donde las leyes locales impiden que la policía colabore con las autoridades migratorias salvo en casos de delitos graves, ha reabierto el debate sobre las competencias estatales frente al poder central. La orden ejecutiva de Trump, que amenaza con federalizar el ejército estatal para imponer su agenda migratoria, recuerda el uso excepcional de tropas durante los conflictos por derechos civiles en los años 60, aunque en un sentido opuesto. Esta vez no se trata de proteger a los vulnerables, sino de perseguirlos.
Mientras tanto, la comunidad estadounidense que apoya a los migrantes comienza a organizarse. No sólo por razones humanitarias, sino también por la creciente conciencia de que los inmigrantes no autorizados ya no son ajenos al cuerpo productivo del país. Son cuidadores de ancianos, recolectores de frutas, cocineros, obreros de la construcción, padres y madres de hijos nacidos en Estados Unidos. En los hogares, en los campos, en los hospitales, su ausencia sería un vacío difícil de llenar. Y su presencia, pese al acoso estatal, sigue sosteniendo silenciosamente la maquinaria de una nación que parece haber declarado la guerra a su propio corazón económico.
14/06/2025
María Angélica Carvajal
