El segundo semestre de 2025 ha supuesto a temblar al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y del gobierno de Pedro Sánchez. En apenas dos semanas, se ha desatado una serie de acontecimientos que han colocado al partido en el centro de una tormenta mediática y judicial, debilitando su imagen pública y alimentando los argumentos de una oposición que exige con vehemencia la convocatoria de elecciones anticipadas, posibilidad que el presidente niega de manera categórica.
La renuncia de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE y uno de los colaboradores más cercanos de Sánchez, ha marcado un hito en esta cadena de crisis. Cerdán ha sido vinculado por un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a una presunta trama de cobro de comisiones por adjudicación de obras, lo que ha llevado al presidente a expresar públicamente su decepción. Este episodio se suma a la baja de la militante Leire Díez y a la investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos.
También está bajo sospecha el secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, por supuestas irregularidades en la contratación del hermano del presidente. Estos acontecimientos, que incluyen además el ya conocido «caso Koldo» y el allanamiento del domicilio del exministro de Transportes, han tenido un impacto directo en la estructura interna del PSOE.
Sánchez ha anunciado una reestructuración de la Ejecutiva que culminará en el Comité Federal del próximo 5 de julio. La salida de figuras clave pertenecientes al equipo que lo acompañó desde sus primarias hasta la presidencia ha minado la percepción de cohesión interna y expuesto las fisuras en la dirección del partido.
Mientras tanto, los partidos de la oposición han redoblado su presión sobre el Ejecutivo. El Partido Popular (PP) y Vox han pedido elecciones anticipadas, argumentando que Sánchez debe asumir responsabilidades políticas por los casos de corrupción que afectan a miembros de su entorno. Además, han cuestionado los pactos que mantiene el PSOE en Bruselas y han instado a la ciudadanía a manifestarse en las calles. Incluso aliados parlamentarios como ERC han advertido que podrían retirar su apoyo si se confirma que el presidente protegió a los implicados.
A pesar de las crecientes críticas y el deterioro de su imagen, el mandatario Sánchez ha descartado tajantemente cualquier adelanto electoral. Ha defendido la gestión del PSOE frente a los casos de corrupción como un ejemplo de respuesta contundente, asegurando que su Gobierno actúa ante indicios sólidos, a diferencia de otras formaciones que, según sus palabras, “ocultan y amparan”. Asimismo, ha anunciado la realización de una auditoría externa sobre las cuentas del partido, como medida de transparencia para restablecer la confianza ciudadana.
Sin embargo, la pérdida de figuras clave y el malestar interno dejan al PSOE en un momento de vulnerabilidad. El impacto de las investigaciones no se limita a quienes están implicados directamente, sino que socava la credibilidad del proyecto político del presidente. El mensaje de “tolerancia cero” frente a la corrupción ha sido reiterado desde el Ejecutivo, pero su efectividad dependerá de la percepción pública sobre cómo se gestionen los casos actuales y las consecuencias políticas que se deriven de ellos.
En este contexto, el Partido Socialista enfrenta una crisis de imagen y un dilema estratégico: mantener el rumbo hasta 2027 como defiende Sánchez, o reconfigurar sus prioridades y alianzas para evitar una pérdida de legitimidad más profunda. Con el calendario político avanzando hacia el Comité Federal de julio, el futuro inmediato del PSOE dependerá en gran parte de su capacidad para contener el desgaste interno, restaurar la confianza de sus bases y mantener el respaldo de sus socios parlamentarios, que ya comienzan a mostrar signos de distanciamiento.
13/06/2025
María Angélica Carvajal
