El Ejecutivo español respalda una Iniciativa Legislativa Popular que busca regularizar a más de medio millón de personas en situación irregular, en una señal de apertura institucional al clamor ciudadano. Esto se ha logrado mediante la reactivación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP en el Parlamento tras más de un año de estancamiento.
La iniciativa, que cuenta con el respaldo de más de 700.000 firmas y el apoyo de unas 900 organizaciones sociales, y ha superado el primer escollo parlamentario y comienza a avanzar en el Congreso de los Diputados con el voto favorable de la mayoría de los grupos, a excepción de Vox.
El respaldo del partido oficialista, el Socialista Obrero Español (PSOE), que en etapas anteriores había mostrado reservas, marca un cambio de tono del Ejecutivo y abre la puerta a un posible consenso en torno a una medida que, según sus promotores, responde tanto a un imperativo humanitario como a una necesidad socioeconómica.
El texto original, impulsado desde la sociedad civil en 2021, contempla la regularización de personas extranjeras que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2024, con la previsión de aplicar el proceso en un plazo de tres años. No obstante, la propuesta excluye a quienes hayan solicitado asilo o hayan desistido de sus procesos de protección internacional, así como a personas en situación de especial vulnerabilidad, lo que ha generado algunas críticas desde sectores sociales que explican que afectará a los solicitantes de asilo.
Actualmente, el texto está siendo negociado e introduce cambios relevantes como la eliminación del requisito de contar con un contrato de trabajo para poder acceder al proceso de regularización. Según ha informado el diario El País, entre los requisitos que se mantienen figuran la ausencia de antecedentes penales y la permanencia mínima de un año en territorio español.
En caso de su aprobación, el Gobierno tendrá un plazo de seis meses para redactar el reglamento que detalle la implementación del proceso de regularización. No obstante, el camino legislativo aún no está asegurado. Aunque el Partido Popular (PP) votó a favor de la toma en consideración de la iniciativa, ha manifestado reservas sobre su tramitación final, advirtiendo que el Ejecutivo “no va a obtener un cheque en blanco”.
La medida representa una de las propuestas más ambiciosas en materia migratoria que ha llegado al Parlamento español en los últimos años. El apoyo explícito del Gobierno evidencia una apertura institucional ante una iniciativa nacida desde la ciudadanía organizada, y pone en evidencia el peso creciente de la presión social en la configuración de la agenda política.
Para los colectivos que respaldan la ILP, la reactivación del proyecto supone una victoria parcial, pero significativa. Por lo que las organizaciones de base y entidades humanitarias han celebrado que la propuesta haya superado la fase de toma en consideración y esperan que el proceso legislativo culmine con una norma que garantice derechos fundamentales a miles de personas que, pese a vivir y contribuir en España desde hace años, carecen aún de un estatus legal definido.
En paralelo, el debate sobre esta medida continúa reavivando cuestiones estructurales en torno al modelo migratorio español, los mecanismos de integración y la capacidad del sistema para dar respuesta a realidades diversas dentro del tejido social. Con un Parlamento fragmentado, las próximas semanas serán clave para definir si la iniciativa ciudadana logrará traducirse en una ley con efectos concretos sobre la vida de cientos de miles de migrantes.
29/05/2025
