El debate sobre la reinserción social y las alternativas al encarcelamiento cobra fuerza en Marruecos. Mohamed Saleh Tamek, Delegado General de la Administración Penitenciaria y la Reintegración (DGAPR), abogó por una implementación gradual de la nueva ley de penas alternativas (Ley 43.22), durante una conferencia nacional organizada por el Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ). Tamek enfatizó la necesidad de «evaluar cada etapa, extraer lecciones, mejorar el rendimiento y coordinar los esfuerzos» de todas las partes involucradas, con el objetivo de construir un modelo marroquí propio.
La cautela de Tamek se basa en la complejidad del proceso. Si bien la DGAPR tiene la responsabilidad del seguimiento de la ejecución de estas penas, el poder judicial retiene amplias prerrogativas para su implementación y control. Esto exige, según el Delegado General, una «acción coordinada y perfectamente armoniosa» entre los distintos actores, especialmente entre las autoridades judiciales y los centros penitenciarios. Tamek anticipó «numerosos desafíos» en las etapas iniciales, reconociendo la novedad que supone para los agentes penitenciarios ejercer sus funciones fuera del entorno carcelario. Esta nueva realidad requerirá, en sus palabras, «formación inicial y continua» para el personal.
La conferencia, titulada «La justicia al servicio de la reinserción: lectura aplicada a los recorridos de implementación de las penas alternativas», se dividió en dos sesiones. La primera abordó el marco conceptual de las penas alternativas, mientras que la segunda se centró en las modalidades prácticas de su aplicación. La apuesta de Marruecos por un enfoque gradual demuestra una clara voluntad de priorizar la eficacia y la sostenibilidad a largo plazo en la búsqueda de un sistema de justicia más rehabilitador. Este enfoque, basado en el análisis continuo y la adaptación, podría sentar un precedente importante en la región y consolidar a Marruecos como un referente en materia de reforma penitenciaria.
01/05/2025
