En un giro que ha sacudido los cimientos de la educación superior en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha iniciado una ofensiva sin precedentes contra algunas de las universidades más prestigiosas de ese país, entre ellas Harvard. La amenaza de retirar exenciones fiscales millonarias y congelar fondos federales, en respuesta a supuestas «fallas ideológicas» en el combate al antisemitismo, marca un punto de inflexión en la histórica separación entre el poder político y la autonomía universitaria. Lo que comenzó como un discurso sobre seguridad y diversidad ha evolucionado rápidamente hacia una intervención directa del Ejecutivo en políticas académicas y administrativas, generando un fuerte debate sobre los límites del control gubernamental en las instituciones educativas.
Este escenario plantea preguntas cruciales sobre la libertad de expresión, la independencia académica y el uso instrumental del financiamiento estatal como herramienta de presión ideológica. Ante esto, entrevistamos a José Daniel Rodríguez, Politólogo y Máster en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid, para explorar las implicaciones políticas y sociales de este enfrentamiento, sus posibles consecuencias a largo plazo y lo que revela sobre la creciente politización del conocimiento en tiempos de polarización.
1. ¿Cuáles son las implicaciones de la injerencia presidencial en las políticas de admisión universitarias?Esta injerencia en politicas de admisión universitaria, para empezar, compromete, limita e inclusive violenta la autonomía académica, la autonomía universitaria que es un principio esencial para el funcionamiento libre, crítico de instituciones de educación superior en cualquier país democrático, o que se preste de ser democrático como lo es Estados Unidos. En este caso, este populismo de derecha conservador, liderado por Trump, instrumentaliza la educación superior y en general la educación del país como un campo de batalla simbólico. Es decir, donde se reafirman ideas nacionalistas, y se rechazan políticas de acción afirmativa o de inclusión social, tachándolas de discriminatorias contras las mayorías tradicionales.
Es al final un tipo de intervención que erosiona, atenta contra la diversidad como un valor académico, y a su vez debilita los procesos de equidad social que se han construido en las últimas décadas; apenas desde los años 60s del siglo pasado, cuando todavía la segregación era aceptada formalmente como parte de la estructura . Y además, me parece que el que el intelectualismo subyacente en este tipo de discursos no solamente ataca políticas universitarias sino que desacredita el conocimiento científico como parte de la guerra que el presidente estadounidense ha planteado, y las estructuras críticas que cuestionan el poder. Esto es un buen ejemplo de cómo Trump no acepta y ataca a cualquiera que intente atentar contra el poder que el detenta como presidente. Se reconoce que este tipo de medidas responde al final a una lógica de recentralización ideológica del estado que debilita a las universidades como actores políticos y sociales.
2. Desde que Trump llegó a la Casa Blanca más de 600 visas de estudiantes internacionales para estudios superiores han sido denegadas, algunos estudiantes en estado legal han sido arrestados y el mandatario incluso ha advertido con solicitar los expedientes estudiantiles de las distintas universidades para su revisión. ¿Cómo se evalúa este comportamiento en el marco de los derechos humanos?Las políticas de restricción migratoria que esta dirigiendo el presidente Trump específicamente a estudiantes internacionales representa, obviamente, una vulneración directa del derecho a la educación y de los principios de no discriminación que están consagrados en múltiples instrumentos de derechos humanos. El problema es que Estados Unidos no ha ratificado muchos de estos, pero que también se desprenden de su propia constitución. Entonces al condicionar el acceso a visas, por criterios politicos o ideológicos, los criterios que finalmente se utilizan, y al amenazar a las mismas universidades con auditorías arbitrarias de sus expedientes, lo que hace es introducir una lógica persecutoria que criminaliza movilidad académica y erosiona la cooperación internacional de esas universidades, pues esas instituciones dependen mucho de esas redes.
Y desde el enfoque de derechos humanos, estas medidas contravienen la Declaración Universal en este tema y el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Igualmente obstaculiza el acceso igualitario a la educación superior y ya eso es un gran problema, ya que impulsa una política de exclusión por el origen, el pensamiento clase, y esto ya es llevarlo al extremo. Esto en otro momento sería completamente impensable. A la vez, se rompe el principio de autonomía universitaria, que mencioné en la primera pregunta, como un espacio libre de interferencias estatal de manera arbitraria. Cuando hay una arbitrariedad de este tipo, esa intervención claramente no se sostiene, y este populismo de derecha, al vincular la movilidad estudiantil con amenazas, entre comillas por seguridad nacional, como Trump lo afirma, legitima restricciones autoritarias disfrazadas de soberanía, lo cual es clásico de este punto de vista ideológico. Incluso sienta, desde ya, un precedente peligrosísimo para la propia sobrevivencia y autonomía de las universidades estadounidenses, y en general del contexto global, porque al final lo que pasa en Estados Unidos influye en el resto del mundo.
3. En su opinión, ¿Cuáles son las consecuencias de esta crítica invasiva que está teniendo Trump en el sistema educativo estadounidense? Cabe recordar que en marzo pasado firmó un decreto, que pretende eliminar el Departamento de Educación y ahora arremete contra las universidades de mayor prestigio internacional. A mí me parece que este desmontaje, digamos, progresivo, y que se supone que llegará a ser total, de las instituciones encargadas de política educativa, como el Departamento de Educación, bajo la presidencia de Trump, y la ofensiva contra las universidades, como los dos puntos de lo que he visto más fuertes contra la educación, tienen que entenderse no como algo aislado, sino como parte de la estrategia presidencial estadounidense con base en la idea o en la estructura de un régimen que busca centralizar el poder simbólico, que es muy importante, y narrativo de un país. Estamos frente a un proceso de una captura del estado cultural, como se ha propuesto por otros académicos, donde se intenta reconfigurar todo el aparato educativo, a partir o en consistencia, con los valores de esa tal identidad nacional y homogénea excluyente que plantea Trump.
La ofensiva que se tiene contra estas universidades responde no solamente como una disputa ideológica, sino también al intento de deslegitimación a actores sociales que son capaces de generar algún tipo de resistencia, de generar pensamiento crítico, y que son actores que tienen la posibilidad, la capacidad de montar nuevas narrativas.
Desde la perspectiva, por ejemplo, de Derechos Humanos, esto es un proceso que dinamita condiciones institucionales básicas, mínimas, de un país, de un Estado democrático, para ejercer libertad de cátedra, libertad de pensamiento y derecho a una educación de calidad. Así que a largo plazo, simplemente puede producir una regresión total, que construya una sociedad menos reflexiva, más polarizada y con menos capacidad para proteger sus propias libertades. A la hora de coartar el pensamiento, que no solamente son las universidades, pero una parte sale de ahí, o es su representante más fuerte o más arraigado en la psique, en la institucionalidad, es cuando solo entonces puede tener consecuencias negativas.
21/04/2025
María Angélica Carvajal
