Una nueva y polémica estrategia de la administración Trump ha salido a la luz, revelando la magnitud de sus esfuerzos por disuadir la inmigración. Más de 6.000 inmigrantes han sido incluidos en la base de datos de fallecidos de la Seguridad Social, una acción que los priva de sus prestaciones y, en la práctica, de su capacidad para trabajar y subsistir en Estados Unidos. Esta información, revelada por medios estadounidenses, levanta serias dudas sobre la legalidad y la ética de la medida.
Lejos de ser un error administrativo, la inclusión de estos inmigrantes en el «archivo de muertos» parece ser una estrategia deliberada. Fuentes de la Casa Blanca, citadas por el Washington Post, sugieren que la medida busca presionar a los indocumentados para que abandonen el país. Esta política se enmarca dentro de una serie de acciones antiinmigración impulsadas por el gobierno de Trump en su segundo mandato, incluyendo la controvertida deportación de presuntos pandilleros a El Salvador.
La gravedad de esta acción radica en la importancia del número de la Seguridad Social en Estados Unidos. Este número es fundamental para la vida cotidiana, desde la declaración de impuestos hasta el acceso a prestaciones sociales y la apertura de cuentas bancarias. Si bien la ley restringe la obtención de este número a ciudadanos y residentes legales, cientos de miles de indocumentados lo poseen, muchos de ellos llegados durante la administración Biden, que implementó políticas migratorias más flexibles.
Declarar a estas personas como fallecidas, según un funcionario de la Casa Blanca citado por el Washington Post, las convierte en fantasmas legales. Empleadores, propietarios, bancos e instituciones federales les cierran las puertas, dejándolos sin posibilidades de ganarse la vida. En esencia, se les condena a una muerte civil.
La decisión, según reportan diversos medios, fue orquestada por la Comisión para la Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigida por Elon Musk. El New York Times, citando documentos oficiales, indica que el primer grupo afectado, compuesto por 6.300 personas, estaba clasificado como «criminales convictos» y «presuntos terroristas». Sin embargo, la información sugiere que la medida podría extenderse a un número mucho mayor de indocumentados, lo que genera una profunda preocupación sobre el alcance de esta política.
Esta nueva ofensiva contra los inmigrantes se suma a la reciente decisión de compartir información fiscal del IRS con las autoridades migratorias. La combinación de estas medidas dibuja un panorama sombrío para la población indocumentada en Estados Unidos, sometida a una creciente presión y a la amenaza constante de la deportación. La polémica está servida, y se espera una fuerte reacción por parte de organizaciones de derechos humanos y de la comunidad internacional.
11/04/2025
