La embajada de Estados Unidos en España ha exigido a sus proveedores que certifiquen que no aplican políticas internas de diversidad e inclusión que puedan violar las leyes antidiscriminación estadounidenses. Las empresas afectadas tienen un plazo de cinco días para presentar esta certificación, bajo la advertencia de que la legación diplomática suspenderá sus pagos en caso de incumplimiento.
Esta medida no solo afecta a España, sino a todos los países que tienen relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Sin embargo, solo aplica a aquellas empresas que operan en Estados Unidos o cuyas operaciones estén sujetas a la legislación estadounidense. Las compañías que trabajan exclusivamente en España y prestan servicios a la embajada no están obligadas a cumplir con esta normativa.
La información, revelada por el diario español El Confidencial, ha generado incertidumbre entre las empresas afectadas, ya que buscan la manera de cumplir con la nueva exigencia sin entrar en conflicto con las normativas europeas en materia de diversidad e inclusión. Esto por cuanto en España, la ley impone planes de Igualdad y de LGTBI, para empresas con una plantilla de más de 50 empleados, una disposición que ahora choca frontalmente con la exigencia del Gobierno de Trump.
Este nuevo requerimiento ha generado preocupación y debate en el sector empresarial del país europeo, ya que puede entrar en conflicto con regulaciones internas y del bloque que fomentan la diversidad e inclusión en el ámbito laboral. Además, esta medida podría afectar la relación de las empresas con otras instituciones que priorizan estos valores en sus políticas corporativas. Esta exigencia es parte de las herramientas proteccionistas que aplica el líder republicado, al saber de antemano que probablemente solo pocas empresas podrán cumplir esos requisitos y limitar su participación en lo que él considera deberían ser servicios brindados por compañías estadounidenses.
20/02/2025