El pasado miércoles 5 de febrero de 2025, Marruecos vivió una jornada de huelga general convocada por diversas centrales sindicales, incluyendo la Unión Marroquí del Trabajo (UMT), la Confederación Democrática del Trabajo (CDT), la Organización Democrática del Trabajo (ODT) y la Federación de Sindicatos Democráticos (FSD). La huelga se dio en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y los sindicatos, agudizada por la reciente aprobación de la ley sobre la huelga en la Cámara de Representantes, con 84 votos a favor y 20 en contra, en medio de un clima de descontento sindical y social. La baja asistencia parlamentaria –solo el 26 % de los diputados participó en la votación– ha generado interrogantes sobre la legitimidad del proceso, mientras que el impacto de la huelga pone en cuestión el peso de los sindicatos en la actualidad.
Rechazo al modelo capitalista y exigencia de mejores derechos sociales
La huelga general, que ha contado con el respaldo de la organización ATTAC Marruecos, tiene como objetivo principal rechazar la política económica del gobierno, acusada de favorecer un modelo capitalista que, según los sindicatos, ha resultado en una creciente precarización laboral y un debilitamiento de los derechos sociales. En particular, ATTAC ha destacado la falta de un diálogo social efectivo, la imposición de leyes sin consenso, como la ley orgánica sobre la huelga, y las reformas que, a su juicio, han favorecido a grandes inversores a costa de los derechos de los trabajadores.
La Confederación Democrática del Trabajo (CDT), que convocó la huelga tras su Consejo Nacional Extraordinario, criticó abiertamente el endeudamiento público, la privatización de servicios esenciales como la salud y la educación, y el aumento de la flexibilidad laboral que, según ellos, ha exacerbado la desigualdad y la inseguridad en el trabajo. Además, los sindicatos han denunciado el aumento del costo de vida y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, lo que ha intensificado las protestas en varios sectores.
La ley sobre la huelga: Un cambio crucial
Mientras las calles responden con manifestantes, la Cámara de Representantes aprobó por mayoría el proyecto de ley orgánica n.º 97.15, que regula el derecho a la huelga. La ley, que fue adoptada con 84 votos a favor, 20 en contra y ninguna abstención, establece las condiciones bajo las cuales los trabajadores pueden ejercer este derecho, buscando equilibrar la necesidad de garantizar los servicios públicos con la protección de los derechos de los empleados.
Esta ley fue aprobada en medio de un ambiente de creciente desacuerdo, especialmente por parte de la UMT, que criticó lo que consideraron una legislación restrictiva para los sindicatos y los trabajadores. La normativa, que ha sido objeto de intensos debates, introduce varios cambios importantes, como la ampliación de la definición de huelga para incluir no solo los intereses directos de los trabajadores, sino también los intereses morales y políticos, así como los derechos de los trabajadores no asalariados y los domésticos.
Sin embargo, la reforma ha sido vista por muchos como un intento de limitar la capacidad de los sindicatos de organizar huelgas indefinidas o de realizar protestas en defensa de sus derechos. La versión final de la ley también excluye la posibilidad de sancionar a los empleadores que impidan una huelga mediante medidas coercitivas más allá de multas económicas.
La respuesta del gobierno: ¿Un diálogo abierto?
La aprobación de la ley sobre la huelga en medio de la huelga general ha exacerbado las tensiones entre el gobierno y los sindicatos. Mientras que los defensores de la ley aseguran que esta normativa es una medida equilibrada para garantizar el derecho a la huelga sin comprometer los intereses de los servicios públicos, los sindicatos acusan al gobierno de no haber consultado adecuadamente a los actores sociales y de usar su mayoría parlamentaria para aprobar reformas sin el consenso de los principales actores sindicales.
En este contexto, Abdellah Bouanou, presidente del grupo parlamentario del Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), fue uno de los que criticó duramente la falta de diálogo, asegurando que la huelga general es la consecuencia directa de la ausencia de concertación en torno a la ley orgánica. En su intervención, Bouanou recordó las dificultades previas para alcanzar un consenso sobre esta legislación y destacó la contradicción entre aquellos que, en el pasado, se opusieron a la ley y quienes ahora defienden su aprobación.
Con esto, el conflicto social en Marruecos, reflejado en la huelga general y la aprobación de la ley sobre la huelga, pone de manifiesto las tensiones entre los sindicatos y el gobierno en torno a la gestión económica y social del país. La movilización sindical sigue siendo un instrumento de presión importante, pero su impacto parece haber disminuido con el tiempo, en parte debido a la disminución de la tasa de sindicalización y a la capacidad del gobierno de adaptarse a las protestas mediante el uso de su mayoría parlamentaria y nuevas estrategias de gestión laboral.
Por otro lado, la nueva ley sobre la huelga introduce una regulación más detallada, pero también plantea preocupaciones sobre la capacidad de los sindicatos de organizarse y ejercer su derecho a la huelga sin restricciones. La respuesta del gobierno, centrada en el diálogo institucional, podría ser insuficiente para calmar las tensiones sociales a menos que se logre un verdadero acuerdo con los sindicatos y se atiendan las preocupaciones de los trabajadores. En este contexto, la huelga general de febrero de 2025 podría ser solo el comienzo de una serie de protestas que marcarán el rumbo de las políticas laborales y económicas de Marruecos en los próximos meses.
06/02/2025
