El debate político en Argelia, en los últimos años, ha sido notablemente limitado, reflejo de una crisis profunda que afecta a la élite política en sus diferentes dimensiones: biológica (edad), demográfica (generaciones) y, por supuesto, política. Este debate cobra especial relevancia al analizar el nuevo proyecto de ley de partidos políticos propuesto por el gobierno, que limita a dos mandatos la permanencia de los líderes ejecutivos de los partidos, incluidos los presidentes a nivel nacional.
Esta misma problemática se planteó durante las elecciones legislativas, donde una nueva legislación impidió la candidatura de un diputado por más de dos mandatos legislativos, incluso no consecutivos. El caso más emblemático fue el del presidente del Consejo de la Nación, Saleh Goujil, quien consultó al Tribunal Constitucional para solicitar una opinión sobre su posible candidatura a un nuevo mandato, a pesar de su avanzada edad (92 años) y su larga trayectoria en la cúpula del poder desde la independencia del país.
El nuevo proyecto de ley de partidos refleja la inestabilidad que caracteriza el marco legal argelino, un problema generalizado que trasciende el ámbito político. Las autoridades, en lugar de abordar las causas profundas de la crisis política, emiten periódicamente nuevas leyes como una forma de distracción. Este enfoque no contribuye a la estabilidad de las instituciones centrales del Estado, ni a la formación de una élite política legítima y representativa, capaz de desempeñar sus funciones de manera eficiente, como ocurre en los sistemas políticos estables. Argelia, históricamente, ha sufrido un déficit en la producción de élites, con un papel marginal del partido político. Paradójicamente, este nuevo proyecto de ley, a pesar de sus supuestos objetivos «democráticos» de fomentar la rotación del poder dentro de los partidos, podría tener consecuencias negativas, especialmente para los líderes veteranos.
Líderes como Louisa Hanoune, Abdallah Djaballah y Abdelkader Bengrina, por ejemplo, podrían verse desplazados de sus partidos, donde han ejercido el liderazgo durante años. Estos líderes, que han hecho todo lo posible por mantenerse en el poder, han utilizado sus partidos para participar en elecciones presidenciales, negociar con el poder y obtener reconocimiento público. A diferencia de los partidos más grandes, que podrían absorber mejor estas reformas, abriendo la puerta a la competencia interna y la rotación del poder (como en el Movimiento por la Sociedad de la Paz, el Frente de Liberación Nacional o el Rassemblement pour la Culture et la Démocratie), los partidos más pequeños podrían sufrir un impacto más significativo.
La situación en Argelia se caracteriza por la ausencia de libertades de prensa, la represión de la actividad política y el control del ejecutivo sobre el legislativo. El debate público actual se desarrolla en un contexto de creciente escepticismo ciudadano hacia las élites políticas, tanto partidarias como gubernamentales (ministros, por ejemplo). La ciudadanía muestra una profunda insatisfacción con estas élites, a pesar de que históricamente, los ministros argelinos han dejado sus cargos a una edad relativamente temprana en comparación con otros países. Este sistema político no sabe cómo aprovechar la experiencia de sus élites a través de la rotación de cargos, a diferencia de otros sistemas con una vida política más dinámica. En Argelia, la falta de mecanismos transparentes impide una progresión natural desde diputado a presidente de una comisión parlamentaria, ministro, primer ministro o líder de partido. El nuevo proyecto de ley, que obliga a los diputados a abandonar sus cargos después de un cierto tiempo, podría generar una clase política inexperta e ineficaz, donde los legisladores, sin experiencia suficiente, crean leyes inaplicables.
En un sistema político donde los partidos no suelen preparar a sus candidatos con la experiencia necesaria, el cargo de ministro o diputado puede ser el primer trabajo real de un joven militante. Tras un breve paso por el partido que lo nominó, este político busca principalmente las ventajas económicas asociadas al cargo, una situación que el nuevo proyecto de ley pretende combatir, incluso con la sanción de la expulsión. Mientras tanto, el ciudadano argelino, afectado por las restricciones políticas y de seguridad, se distancia cada vez más de los partidos políticos, el parlamento y las elecciones. La falta de libertades de prensa, la represión de la actividad política y el dominio del ejecutivo sobre el legislativo, junto con episodios históricos de ruptura en la formación de élites políticas, contribuyen a perpetuar el vacío institucional y la falta de legitimidad a los ojos de la ciudadanía. Estas condiciones hacen que persista el vacío que sufren las instituciones, las cuales han fracasado hasta ahora en otorgar la legitimidad necesaria ante los ojos del ciudadano.
20/01/2025
