El Tratado sobre el Comercio de Armas, adoptado hace más de una década, fue diseñado para regular y controlar la transferencia internacional de armas y municiones, vinculando su legalidad a las normas del derecho internacional humanitario y de derechos humanos. Sin embargo, Amnistía Internacional denuncia que muchos de los principales exportadores de armas del mundo siguen incumpliendo flagrantemente estas normas, lo que ha resultado en una devastadora pérdida de vidas humanas en regiones de conflicto como los Territorios Palestinos Ocupados, Sudán y Myanmar. Este incumplimiento no solo perpetúa la violencia, sino que socava los esfuerzos globales por mantener la paz y proteger a las poblaciones civiles.
A pesar de los avances logrados con la adopción del Tratado, numerosos gobiernos continúan autorizando transferencias de armas a países donde es probable que se utilicen para cometer graves violaciones de los derechos humanos, incluidos genocidio y crímenes de guerra. La persistencia de estas prácticas pone de manifiesto la falta de voluntad política para cumplir con las obligaciones legales establecidas por el Tratado. Amnistía Internacional ha documentado cómo, por ejemplo, las transferencias de armas a Israel han contribuido a crímenes de guerra en la Franja de Gaza, mientras que en Sudán y Myanmar, el flujo constante de armas sigue alimentando conflictos devastadores que han desplazado a millones de personas y causado miles de muertes.
En el caso de Israel, Amnistía ha sido clara en su llamado a un embargo total de armas, tanto para el Estado israelí como para los grupos armados palestinos. La reciente aprobación por parte del gobierno de Estados Unidos de una venta de armas a Israel por valor de 20.000 millones de dólares es vista por la organización como una medida insostenible e irresponsable, dada la evidencia de crímenes de guerra cometidos con armamento estadounidense. Amnistía ha instado al Congreso de Estados Unidos a bloquear estas ventas y a tomar medidas más contundentes para garantizar que las leyes nacionales e internacionales se respeten.
La situación en Sudán es igualmente alarmante. A pesar del embargo de armas impuesto por la ONU a la región de Darfur, Amnistía ha identificado el suministro continuo de armas procedentes de países como China y Serbia, así como de signatarios del Tratado como Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Estas armas han exacerbado el conflicto en Sudán, que ya se encuentra en una crisis humanitaria sin precedentes desde la escalada de violencia en abril de 2023. Amnistía hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que detenga estos flujos de armas y promueva una resolución pacífica del conflicto.
En Myanmar, el ejército ha importado armas por valor de al menos 1.000 millones de dólares desde el golpe militar de 2021, utilizando este armamento para atacar sistemáticamente a la población civil y destruir infraestructuras esenciales. Amnistía Internacional subraya la necesidad de una acción global coordinada para detener estas transferencias y responsabilizar a los Estados que, al incumplir el Tratado sobre el Comercio de Armas, contribuyen a la perpetuación de conflictos y al sufrimiento humano a escala mundial.
21/8/2024
