La crisis política en Venezuela, desencadenada tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, se mantiene en un punto muerto. La controversia se centra en la declaración de victoria de Nicolás Maduro por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), dominado por el oficialismo, pese a que tres semanas después de los comicios, el organismo no ha presentado pruebas convincentes que respalden el triunfo de Maduro. Ante esta falta de transparencia, la oposición venezolana ha levantado serias acusaciones de fraude, afirmando disponer de más del 80% de los registros de votación que demostrarían irregularidades en el proceso electoral.
En medio de esta tensa situación, los presidentes de Brasil y Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, respectivamente, han intervenido proponiendo dos posibles soluciones: la celebración de nuevas elecciones o la formación de un gobierno de coalición transitorio. Estas opciones, orientadas a garantizar comicios futuros que sean verdaderamente libres y justos, han sido rechazadas tanto por el chavismo como por la oposición venezolana. El dirigente oficialista Diosdado Cabello y la líder opositora María Corina Machado, han desestimado de manera contundente estas propuestas, señalando la inviabilidad de las mismas en el actual contexto político del país.
Mientras tanto, la legitimidad de Maduro continúa siendo un tema de debate tanto dentro como fuera de Venezuela. La comunidad internacional, aunque reacia a imponer una solución externa, aboga por la necesidad de un proceso electoral transparente y una transición de poder que cuente con el consenso de todas las partes implicadas.
Pese a los esfuerzos diplomáticos encabezados por Lula, quien se ha negado a reconocer la victoria de Maduro, el mandatario venezolano sigue sin mostrar disposición alguna para contemplar las propuestas de nuevas elecciones o un gobierno transitorio. En su lugar, Maduro ha recurrido al Tribunal Supremo de Justicia, controlado por su régimen, para reafirmar su victoria electoral.
Con la fecha del 10 de enero, cuando debería comenzar el nuevo periodo presidencial, acercándose rápidamente, se vislumbran pocas posibilidades de resolución. Analistas como Mariano de Alba, experto en relaciones internacionales, advierten que sin un acuerdo negociado, Venezuela podría enfrentarse a un mayor aislamiento diplomático y a un agravamiento de su ya precaria situación económica, lo que podría intensificar las penurias de la población venezolana.
16/08/2024
