Bajo el sol de julio, mientras muchos españoles buscan alojamiento para sus vacaciones, el debate sobre el impacto de los pisos turísticos en el derecho a la vivienda se intensifica, especialmente en Baleares y Canarias. Estas regiones, con su atractiva costa, enfrentan una crisis debido a la limitada disponibilidad de suelo.
Canarias: un mercado en auge
El porcentaje de viviendas turísticas en Canarias (4,30%) triplica la media nacional (1,33%), con municipios como Yaiza en Lanzarote y La Oliva en Fuerteventura alcanzando tasas de aproximadamente el 22%, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Baleares sigue de cerca, con un 3,84% de casas turísticas, destacando municipios como Pollença y Búger en Mallorca con tasas del 20% y 18%, respectivamente.
Aunque es difícil establecer una relación directa entre el aumento de la vivienda turística y el encarecimiento del mercado de alquiler, la reducción de la oferta disponible contribuye a la subida de precios, afectando a los residentes durante todo el año. Las manifestaciones en Canarias y Baleares reflejan el malestar de la población.
Baleares: el coste de vivir en un paraíso turístico
En Baleares, los residentes destinan en promedio el 63% de su sueldo al alquiler, la cifra más alta de todas las autonomías, según un estudio de Fotocasa. El Gobierno autonómico ha tomado medidas para reducir la saturación turística, anunciando en mayo una reducción de 18.000 plazas turísticas en la isla y luchando contra la oferta ilegal. Sin embargo, estas medidas son vistas como insuficientes por las asociaciones civiles.
Joan Segura, portavoz de Stop Desnonaments, critica la gestión del Gobierno balear y la anterior administración socialista, señalando que las medidas no abordan adecuadamente la especulación, el turismo y las viviendas vacías. Por otro lado, la gerente de Habtur, María Gibert, defiende el papel de las viviendas turísticas y cuestiona la proporcionalidad de las restricciones.
Canarias: hacia una regulación más estricta
En Canarias, el alquiler turístico ha aumentado, a diferencia de Baleares. El Gobierno canario vincula los problemas de vivienda con el auge del uso turístico y la paralización de nuevas construcciones desde 2008. El anteproyecto de ley propone que al menos el 90% de las viviendas se destinen exclusivamente al uso residencial, con restricciones para las viviendas turísticas en zonas de mercado tensionado.
Ciro Machado, portavoz de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (ACEGI), critica la propuesta del Gobierno por ser «muy restrictiva» y señala que el aumento de la vivienda turística se debe en parte a la ley estatal, que ha llevado a los propietarios a optar por el uso turístico para evitar posibles impagos o desahucios.
El desafío de la vivienda en zonas turísticas
La regulación y control de los pisos turísticos es crucial para equilibrar el mercado de la vivienda en zonas con alta demanda turística. La falta de oferta pública y promociones durante décadas ha exacerbado la crisis, y aunque los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias están tomando medidas, la situación sigue siendo crítica.
Eugenio Reyes, portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción, destaca la necesidad de regular la oferta de alquiler turístico para evitar el «descontrol» y proteger tanto a los residentes como a los turistas.
Conclusión
El impacto de los pisos turísticos en el mercado de la vivienda en Baleares y Canarias es un problema complejo que requiere una regulación equilibrada y eficaz. Las medidas actuales, aunque necesarias, no son suficientes para resolver la crisis de vivienda en estas regiones. La colaboración entre gobiernos, asociaciones civiles y el sector privado es esencial para encontrar soluciones que beneficien a todos los involucrados.
24/7/2024
